El deseo de amordazar o condicionar a los medios de comunicación acostumbra a anidar no sólo en los gobiernos de turno para que no se sepa lo que sucede en la trastienda del poder, sino también en formaciones políticas de nuevo cuño ante cualquier tipo de crítica. La intención siempre ha estado latente, pero la desesperación por la cascada de corruptelas que indigna con razón a la ciudadanía ha propiciado que incluso los encargados de salvaguardar la justicia y la democracia sugieran sin sordina castigar con sanciones a los medios que publiquen filtraciones de sumarios que se encuentren bajo secreto ante la imposibilidad de encontrar al filtrador.
“A lo mejor si nos planteamos esa posibilidad habría menos filtraciones y eso perjudicaría menos al Estado de Derecho”, afirmó el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, en una entrevista en Onda Cero.
“No digo que sea partidario de sancionar al medio, digo lo que se hace en Alemania”, dulcificó a continuación sus palabras, pero el recado ya había sido entregado. Manuel Moix obvió que también existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán (BVerfG) en la que, en la publicación de procesos judiciales, prevalece el interés informativo para el reportaje de actualidad de hechos punibles sobre la vulneración del derecho a la personalidad, según le corrigió El Mundo con un titular demoledor: “Afirmación falsa del fiscal Moix”. O bien no lo sabía, que no deja de ser paradójico, o evitó aportar el matiz, que sería más preocupante con la Fiscalía Anticorrupción en duda y el número dos de Interior, José Antonio Nieto, bajo sospecha de haber alertado, presuntamente, al hermano de Ignacio González, expresidente de Comunidad de Madrid y encarcelado en el marco la “operación Lezo”, de la investigación en curso.
La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe limitar la libertad de expresión desde 1791, y la Justicia siempre la ha protegido, incluso en un conflicto de intereses como el escándalo del Watergate, que acabó con la presidencia de Nixon; pero aquí seguimos dándole vueltas a un derecho que no pertenece a los medios, sino a las personas para recibir información veraz. En el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que intentó sacar adelante Alberto Ruiz Gallardón cuando era ministro de Justicia se contemplaba “un sistema severo de sanciones” para evitar las filtraciones y limitar a un mes la posibilidad de mantener un sumario bajo secreto. Su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, también sugirió la posibilidad de multar a medios que revelen sumarios durante un almuerzo celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona en abril de 2015, aunque después dio marcha atrás y proclamó que se habían “distorsionado” sus palabras.
Aunque humanamente puede resultar comprensible el interés de los que están en el poder para que se glosen sus logros en vez de destapar los desmanes, la injerencia en lo que publica un medio de comunicación es inadmisible. Sin investigaciones periodísticas, el ciudadano no se hubiera enterado de lo que se cocinaba con los GAL, la trama Gürtel o, recientemente, las presuntas fechorías del clan de los Pujol o la misma “operación Lezo”.
Para la democracia, el control de los medios es tan nocivo como la campaña de acoso personal y de amenazas de Podemos a periodistas, según denunciaron los informadores ante la Asociación de la Prensa de Madrid en marzo de este año. Los representantes públicos tienen que saber que no estamos aquí para ser cómodos, sino para contar la verdad. “No la hagas y no la temas”, ya advierte el refranero
