Cuando se habla del concepto de “España Vacía”, o esa deformación de “Vaciada”, corremos el riesgo de dar a entender la inevitabilidad del fenómeno de la despoblación. Lo alertaron expertos y también los colectivos ciudadanos en la manifestación del 31 de marzo del 2019 en Madrid, al apretar el análisis fijando la responsabilidad política en un proceso sufrido por el 40% de los ayuntamientos españoles. Hoy es útil rescatar ese prisma a la hora de analizar decisiones como el cierre de la sala del 091 de la Policía Nacional en Ourense: ¿qué mensaje traslada el Gobierno a los ourensanos con esta medida -heredada de Rajoy-? ¿Cómo se puede encajar el enésimo abandono administrativo en la supuesta lucha transversal contra ese invierno demográfico definido por la propia vicepresidenta Teresa Ribera como “antieconómico y antisocial”?
El empleo y los servicios de calidad son los raíles del reequilibrio territorial. Pero situada por fin la despoblación en la agenda, mes tras mes se constata cómo a la hora del BOE los sucesivos Gobiernos tienen tanta habilidad para armar coloridos discursos de atención al interior como en encontrar luego regates para priorizar territorios con más interés electoral o, directamente, invertir en esas decenas de televisiones autonómicas, chiringuitos de autobombo, lujosos despachos o palacios de congresos. Pero en una curiosa evolución, y pese a disparar el déficit público en una terca escalada, luego nunca hay recursos para una red de comedores estatales ni para reforzar de forma sólida la educación, la sanidad, la búsqueda de empleo o la atención a la tercera edad.
Ourense ya no necesita más comités, informes, asesores, cumbres o anuncios de planes de choque. Los diagnósticos están claros y lo que urge ahora es una gestión real en la única dirección que nos acerque a tener unas garantías de competitividad para la instalación de empresas, optimizar los recursos e ilusionar a una población que solo pide los mismos derechos de las grandes ciudades. Por eso el discurso efectista de La Moncloa o el Banco de España -tan preocupado por Ourense que abandonó sin miramientos su sede- se estrella contra esa realidad en la que municipios, diputaciones y gobiernos autonómicos asumen servicios cada vez más costosos mientras todos observamos a diputados y senadores variando sus criterios de defensa de esta provincia por la cercanía al poder, en lugar de armar un frente para reivindicar las infraestructuras prometidas hace lustros, la reversión de los embalses de concesiones centenarias o, en definitiva, legislar pensando en el mundo rural. Porque toda la mercadotecnia impacta contra las nuevas propuestas que se van presentando sin la lupa demográfica: no hace falta ser un fino analista para imaginar qué consecuencias tendrá gravar de forma indiscriminada el diésel, el uso del coche o los peajes de las carreteras en una comunidad autónoma tan descentralizada como Galicia y en la que las maltratadísimas líneas ferroviarias están muy lejos de lo aceptable. También resultaba sencillo prever los injustificables desajustes que ya están sucediendo en forma de centenares de llamadas perdidas tras concentrar en A Coruña la atención telefónica de las emergencias policiales de Ourense y Lugo. Y la enorme oportunidad de los fondos europeos en la post pandemia, que precisamente ha abierto una doble ventana para el rural, corre el riesgo de no ayudar con eficacia a los territorios más despoblados si no se escucha a la administración local en el reparto del dinero y se atiende además en paralelo a las singularidades de Galicia, Castilla o Aragón.
Son todos estos desplantes y fantasmas los que llevan al desaliento. Quién puede digerir hablar esta semana de la “Next Generation”, la agenda 2030 y la España 2050 si en el día a día tienes que pelear para al menos garantizar en tu concello la farmacia, el colegio, la oficina bancaria, el transporte público y las carreteras sin baches.
