A Ourense no le ha valido la pena

A Ourense no le ha valido la pena

Siete años después de caminar bajo la sombra del delito, Marga Martín, exteniente de alcalde y exedil de Benestar Social del Concello de Ourense, recibe la luz de la inocencia. Siete años después, la Audiencia Provincial ha tumbado el caso de las presuntas irregularidades en la ayuda a domicilio en la capital entre 2007 y 2011 al no apreciar responsabilidad penal ni de la exconcejala socialista ni de los empresarios y antiguos socios José Troncoso y Alberto López, este último fugado en Venezuela tras una investigación por desfalco. Siete años después de soportar el rumor de la duda, Marga Martín ha podido calificar el duro trance judicial de “cacería urdida contra el Gobierno bipartito”.

La vergüenza resume un proceso que ha necesitado siete años para acabar en el sobreseimiento de la causa. Xosé Carballido, que dimitió como director xeral de Rehabilitación Urbana en marzo de 2012 al abandonar la disciplina del BNG, ilustró lo sucedido con una esclarecedora anécdota personal publicada en las redes sociales: “A principios dos oitenta tiven que realizar un informe policial por un preito de augas. Acompañando á comitiva xudicial retrasei un cacho tomando notas, momento que aproveitou o demandante para preguntarme: 'Vostede cre que gañarei o preito?' 'Mire, non lle sei. Eu non son avogado, pero a cousa non pinta moi ben...' 'Non me importa. Teño 100.000 pesetas para gastar e perder, perderei, pero heino joder ben'. Algo así debeu pasar neste caso. Perder, perdeu o denunciante (Jácome). Pero Marga Martín quedou ben jodida (con perdón). Unha pena de país”. 

El daño político para Marga Martín es irreparable, pero Ourense tampoco ha salido indemne. Ya no se podrá saber si los resultados de los siguientes procesos electorales hubiesen sido los mismos sin la denuncia presentada por Gonzalo Pérez Jácome. La judicialización de la actividad política también ha puesto en riesgo a muchas empresas que contratan con el Concello sin querer incurrir en irregularidades. No se puede jugar con el puchero de tantas familias. La falta de información de los jefes de servicio del Concello, otras veces tan puntillosos con cuestiones menores, ha arruinado la carrera política de Marga Martín, además de soportar un peaje personal que sólo ella puede cuantificar. Y así lleva Galicia, no sólo Ourense, más de una década, siendo una pena de país por causas judiciales que se quedan en nada como las que ha impulsado desde Lugo la magistrada Pilar de Lara. Xosé Clemente López Orozco, exalcalde de Lugo, colecciona ya siete desimputaciones. Le quedan dos causas por resolver, pero la Alcaldía que consiguió en las urnas la perdió en el juzgado sin ser condenado. En Ourense le puede pasar algo parecido al exalcalde socialista Francisco Rodríguez. Tuvo que dimitir tras pasar detenido 72 horas en aislamiento en Pontevedra por el caso Pokemon, todavía hoy no sabe qué delito ha cometido, pero la salud perdida no regresará aunque quede libre de toda culpa, como tampoco la oportunidad de recuperar el bastón de mando. Y en un año electoral en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exsecretario xeral de los socialistas, contemplará el proceso desde la distancia impuesta por la imputación en el caso Garañón que también instruye Pilar de Lara. Puede resultar otra historia de lo que pudo haber sido y se quedó en la puerta por una lentitud injustificada de la Justicia. 

Tras siete años de una instrucción que pasó por las manos de Antonio Piña y de Luis Doval, que se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 2 al ser nombrado el primero presidente de la Audiencia, Marga Martín pudo dar una rueda de prensa para defender su honestidad acompañada de la cúpula de su partido. Al denunciante, Gonzalo Pérez Jácome, y a su abogado, Miguel Caride, quizá les haya valido la pena la ligereza acusatoria, a Ourense no.