El Senado aprobó el pasado martes la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales que permitirá a los partidos políticos servirse con amparo legal de tretas similares a las que impulsaron a Donald Trump en su polémica carrera para ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. En las próximas elecciones, si la Unión Europea no pone remedio o la ciudadanía no escenifica un rechazo masivo, los partidos políticos podrán recopilar las opiniones y comentarios en páginas webs o redes sociales para bombardear con propaganda electoral a la carta. El spam, voz inglesa utilizada para referirnos al correo basura, irrumpirá durante la campaña en nuestras casas, y se avecinan unas cuantas, a través de los dispositivos electrónicos sin necesidad de llamar ni de que le abramos la puerta después de haber trazado un perfil ideológico y personal de cualquier votante. Algo similar a lo que hizo Cambridge Analytica con los datos de millones de usuarios de Facebook con el propósito de interferir en las elecciones estadounidenses podrá suceder en España, aunque con cobertura normativa. Lo que no se le permite a las empresas o a otro tipo de organizaciones se lo conceden graciosamente los partidos políticos. Pueden argumentar que su función es pública, pero en ese caso también habría que permitirle lo mismo a los agentes sociales como sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales o asociaciones deportivas y culturales que operan en beneficio de la sociedad.
El texto, impulsado por el PSOE, salió del Congreso con un respaldo unánime, y en el Senado contó con el apoyo del PP, que no aceptó ninguna de las 33 enmiendas que se presentaron. Las primeras críticas por aprovechar la Ley Oficiaal de Protección de Datos (LOPD) para modificar en el artículo 58 bis la Ley Electoral sin un debate en profundidad propiciaron que los senadores de Unidos Podemos, Compromís, Bildu y Nueva Canarias cambiasen el sentido de su voto por temor a quedar retratados. Hay señales inequívocas de fin de ciclo de los partidos tradicionales y de su resistencia para no verse desplazados por otra clase de plataformas. La amenaza contra la intimidad del ciudadano es indisimulable porque los partidos podrán recoger y almacenar datos y opiniones vertidas en la red para usarlas en periodos electorales amparándose en un supuesto interés público. Las “garantías adecuadas” para preservar el derecho a la protección de datos no se especifican en la referida ley y la política no goza precisamente de un gran crédito en estos momentos. Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), avisó de que adoptará una actitud “extremadamente rigurosa y vigilante” para impedir que se generen bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y el envío de información personalizada siguiendo los criterios analizados. La sanción puede llegar hasta los 20 millones de euros, pero es mejor tapiar hasta la gatera para que no se pueda colar la tentación.
Tampoco existe una norma tan permisiva en Europa, según un recorrido elaborado por José García Herrero, abogado y delegado de Protección de Datos. Para ajustarse al Reglamento de Protección de Datos Europeo (RGPD) se necesita comunicar al ciudadano el uso de la información recogida y su consentimiento. Se prevé que la controvertida disposición de la LOPD termine en los tribunales, como ya ha anunciado la Asociación de Usuarios de Internet. Aunque los expertos vaticinan la nulidad, mientras no sucede, ya que no será inmediata, el ciudadano tiene la carta de bloquear en las urnas al partido que ejerza de comisario virtual. Pero por ahora, los políticos se han tomado la libertad y la ley por su mano para ejercer como tales.
