La Comisión Europea tiene sobre la mesa un asunto que, de no tratarse con la debida sensibilidad, acabará levantando una nueva polémica y provocar más problemas de los que pretenda paliar: se está pensando excluir la carne y las bebidas alcohólicas de la promoción agroalimentaria, bajo pretexto de promover otras actividades tendentes a inculcar el consumo de productos, en teoría, más sostenibles.
El paraguas de la sostenibilidad, muchas veces lleno de agujeros, no lo cubre todo y una Administración tan importante, con tantas competencias y tan heterogénea, no puede tomar medidas arbitrarias de tal calibre en su nombre. De momento se ha dado a conocer que el equipo de promoción de la Comisión Europea prevé una revisión en profundidad de las políticas de impulso al consumo de determinados productos en detrimento de otros con mucho peso en grandes zonas, entre ellas España en general, Galicia en particular y Ourense más en concreto.
Aún no nos hemos repuesto de la oscura zanja en la que se metió el ministro de Consumo, el inefable Alberto Garzón, con sus extemporáneas salidas sobre la ganadería intensiva y las macrogranjas, y ahora debemos hacer frente a lo que puede acabar siendo un ataque a las actividades económicas en la provincia. En Ourense se asientan grandes empresas del sector primario con una más que notable capacidad de generación de empleo y riqueza. Y conviene recordar que en la provincia hay cuatro de las cinco denominaciones de origen vitivinícolas de Galicia.
Las empresas y trabajadores del sector primario han sobrevivido e incluso han crecido pese a las duras consecuencias del covid y de quienes han gestionado la lucha contra la pandemia. Un estudio reciente del Observatorio Económico Ourensán aludía a que el número de empresas son un 3,4% y los trabajadores son un 1,77% más que antes del estado de alarma.
Han sido muchos años de abandono del campo, una herida que aún no está cerrada en la provincia. Las actividades del sector primario se están recuperando de forma muy lenta y no conviene ponerle más palos en las ruedas, sino más bien engrasar sus ejes. Las formas de producir actualmente no son las de hace décadas. Son los propios agricultores y ganaderos los primeros interesados en poner en práctica esos criterios sostenibles en sus producciones, no hace falta que los burócratas de la Unión Europea dicten doctrina desde los despachos.
Salvo que las instituciones comunitarias quieran entrar en el terreno de la arbitrariedad, deben apostar por la mesura y presentar sus acciones con la racionalidad que es exigible. Es difícil que, al calor de decisiones como las anunciadas, los viticultores tengan ganas de recuperar la tierra para seguir produciendo o que los ganaderos mantengan el ciclo biológico de los animales en el rural.
Con apuestas como las previstas no podemos extrañarnos de que crezca la desconfianza en Ourense a la hora de apostar por el sector primario y por el rural. A no ser que la Comisión Europea pretenda que todos seamos funcionarios y desde las cómodas sillas seguir pontificando sobre lo que es sostenible y lo que no, lo que es sano y lo que no.
