Si Pedro Sánchez no necesitase el apoyo parlamentario de los independentistas, los indultos a los líderes del “procés” no se hubiesen ni planteado. Esta sencilla conclusión acaba siendo el núcleo de la decisión del Gobierno y descodifica el discurso presidencial: el “interés general” es en realidad interés privado y el apostar por “la concordia y el reencuentro” solo significa intentar garantizarse la legislatura a la espera de rentabilizar los fondos de recuperación en las urnas.
Esta historia nace de la fragilidad del Gobierno constituido en noviembre de 2019 y desemboca en la fotografía de ayer a la salida de la cárcel de Lledoners. Por el medio queda la esencia del sanchismo: razonar otra medida al borde del acantilado con una insoportable retórica, estimulando la polarización y sin medir las consecuencias en el largo plazo. El resultado es un “paso histórico” tan decisivo que ha sido tomado sin pasar antes por el Congreso y un “hito” tan trascendental que fue explicado en una comparencia de cuatro minutos en La Moncloa sin aceptar preguntas de los periodistas.
De una tacada, Sánchez abofetea a la Justicia, debilita las instituciones españolas y alimenta al secesionismo catalán mientras da otro retoque a su perfil de político sin palabra ni demasiados escrúpulos. El diputado que exigía en una conferencia socialista del 2013 blindar al poder judicial frente al ejecutivo acabando con la figura del perdón por motivos políticos es ahora el presidente que indulta desoyendo el demoledor informe del Tribunal Supremo. El líder socialista que decía sentir “vergüenza” por los indultos concedidos por el PSOE va más lejos que nadie al rescatar a sus propios socios parlamentarios. El gobernante que garantizaba en 2019 el “íntegro cumplimiento” de las condenas por el 1-O ya ve suficiente los tres años y medio cumplidos en prisión y pide no caer en la “venganza” derivada del trabajo de funcionarios, Fiscalía y magistrados. Al fondo se escucha el sonido de cómo encajan estas justificaciones en el engranaje del relato de los caudillos del independentismo: estrellados el 1 de octubre del 2017 contra el Estado -no contra el Gobierno- tras prometer a su electorado una utopía sin base, iniciaron un proceso de carcoma de ese mismo sistema ante el que aquí se anotan un tanto. Lo dijo el propio Oriol Junqueras el domingo: “El indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del Estado”. El martes, Pere Aragonès ya pedía un referéndum y ayer, a las puertas de prisión, Jordi Sánchez selló la postura “oficial”: “La represión no nos ha vencido y no nos vencerá”.
Es tan difícil encontrar arrepentimiento en las palabras de los nueve condenados por el ataque a la Constitución -que siguen jugando a confundir sus legítimas ideas con su ilegal desafío a la democracia- como hallar justicia, equidad o utilidad pública en este perdón. Tampoco hay una hoja de ruta ni una sola certeza en cosechar con todo esto alguna consecuencia positiva para España. Lo que sí es indiscutible es que esta medida de gracia fructifica sin diálogo, fiscalización ni la comprensión mayoritaria de los españoles: las heridas del “procés” siguen en carne viva, con 7.000 empresas “exiliadas” de Cataluña en los últimos años y el progresivo desequilibrio del estado autonómico a costa de los intereses de, por ejemplo, Galicia. La súbita connivencia de ciertas élites con La Moncloa sorprende tan poco como la reacción generalizada del mundo empresarial contra las palabras del presidente de la CEOE: Antonio Garamendi intentó aclararse pero su razonamiento -“si esto de alguna manera acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sean”- se mantiene dentro del argumentario del Gobierno.
Causa sonrojo leer en el razonamiento del ministro Juan Carlos Campo que “el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto” o querer camuflar de “valentía” lo que es un irresponsable tacticismo: Sánchez ha ido más lejos que nadie en las tradicionales cesiones a catalanes y vascos aplicando la misma lógica al independentismo que antes a la gestión de la pandemia, al capitalismo de amiguetes o a la relación con Podemos y Bildu. Por eso lo que él llamó el lunes en el Liceo de Barcelona el origen de “un nuevo modelo de país” es simplemente otro capítulo más en su manual de supervivencia.
