Cuando falta un mes para que venza el plazo para poder celebrar la sesión de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, todo son maniobras para allegar el apoyo de los separatistas, cuyos votos son decisivos. La última afecta a la política exterior de nuestro país.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llevó al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea un informe del Gobierno español con la propuesta para convertir el catalán en lengua oficial en la Unión Europea. Con las costas de los servicios de traducción a cargo de España. La urgencia responde a la necesidad de Pedro Sánchez de satisfacer una de las exigencias de Carles Puigdemont, el prófugo que tiene en su mano la llave de la investidura presidencial cuyo retraso parece que consume al hoy presidente en funciones.
Tenemos prisa para que en el resto de Europa se hable catalán mientras en las escuelas y colegios de Cataluña se relega al español -lengua oficial de España- a la condición de simple asignatura. Una más del currículo escolar. Y para los padres de alumnos que pretenden escolarizar a sus hijos en español todo son trabas por parte del departamento de Enseñanza de la Generalidad.
El grado de servidumbre al que la ambición de Sánchez está sometiendo a las instituciones va más allá de lo que presumíamos que podría tolerar una democracia. No hay precedentes en ningún otro país de la Unión Europea de cesiones a los grupos minoritarios al precio de retorcer la leyes o cambiarlas como sucedió con la reforma del Código Penal para suprimir delitos por los que habían sido encausados determinados líderes políticos independentistas.
Ahora, la negociación para conseguir el apoyo de los siete diputados de Junts que controla Puigdemont parece que se complica porque gira en torno a cómo desactivar la orden de detención de Puigdemont en el caso de que pisara territorio español. Para ese fin se hace imprescindible la amnistía. Pero el huido no se fía de la palabra de Pedro Sánchez, sabedor de la facilidad con la que cambia de opinión al albur de la necesidad política de cada momento.
Y el tiempo apremia porque es sabido que, si persiste el bloqueo y antes del 27 de noviembre no se resuelve la investidura, se disolverían las Cortes y habría que volver a convocar elecciones el 14 de enero. Sánchez tiene amarrado el apoyo del resto de partidos del bloque Frankenstein: Sumar, PNV, ERC y EH Bildu. Solo está falto de la decisión de Puigdemont inopinado protagonista de un papel estelar en el retablo de la política española. Papel que está exprimiendo a conciencia, sabedor de que tiene a Sánchez en sus manos. Cogido por su ambición. Obligar al Gobierno de España a presentar la propuesta para convertir el catalán en lengua oficial en la Unión Europea, es un acto de sumisión. Uno más, pero la orden es tajante: a Puigdemont, lo que pida.
