El futuro del sector eólico gallego se ventila -nunca mejor dicho- en los tribunales. Quienes se oponen a los nuevos parques, organizaciones ecologistas o entidades vecinales, acuden sistemáticamente a la Justicia para que paralice o anule los proyectos que las compañías presentan ante la Xunta. Hasta ahora, la mayoría de los recursos han sido desestimados. Sin embargo los antimolinos se apuntaron varios y sonados éxitos judiciales que están generando reacciones en el ámbito empresarial y político, al tiempo que provocan incluso división sindical. Porque es mucho lo que hay en juego. Una inversión millonaria, miles de puestos de trabajo y la prosperidad de algunas de las comarcas más deprimidas de la Galicia vaciada. Lo habitual es que los jueces destapen fraudes en la forma en que se tramitan los grandes proyectos, troceándolos para hacer ver que son varios parques cuando en realidad es uno solo y para que los supervise la Xunta y no el Gobierno de España. El principal caballo de batalla son las autorizaciones ambientales.
En el centro de las disputas está Luis Villares, magistrado de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y durante tres años dirigente de una formación política rupturista, En Marea, ya desaparecida pero en su día muy activa en la lucha contra la “invasión eólica”. Alguna de las empresas del sector energético más perjudicadas por la resoluciones judiciales trató de recusarle precisamente por su pasado político. Fue un intento infructuoso, que ni siquiera apoyó el Gobierno gallego y que acabó por devolver al primer plano la figura de un juez progresista muy respetado -incluso apreciado- por sus compañeros de profesión, que defienden su plena capacidad de ser neutral a la hora de dictaminar sobre la aplicación de un marco legal general con el que fue muy crítico en su etapa política.
Desde que Villares irrumpió en la primera línea de la vida pública entre sus compañeros togados se extendió la impresión de que era mejor juez que político. Constitucionalista confeso, no se le veía cómodo en el papel de líder de una fuerza política de izquierda radical y prácticamente antisistema. Podía coincidir y coincidía con gran parte de los planteamientos ideológicos y programáticos de En Marea, pero su forma de defenderlos nunca resultó ni brillante ni demasiado convincente. En eso es probable que también influyera la absoluta inexperiencia en la arena política de un personaje sin militancia ni afiliación -más allá de su implicación en Jueces para la Democracia- y que tan sólo había ejercido un cierto activismo en el ámbito lingüístico, contra la especulación urbanística o los recortes sistemáticos de servicios públicos o derechos sociales en la gran crisis.
La campaña contra el juez Villares no debería ocultar la contundencia de los fallos judiciales -alguno respaldado ya por el Tribunal Supremo- que ponen en evidencia que la tramitación de muchos de los parques eólicos no se ajusta a un marco legal que, por garantista, establece una serie de exigencias que, aplicadas con rigor, son difíciles de conjugar con los intereses y sobre todo con la urgencia de las empresas que impulsan el bum eólico por levantar los nuevos parques para empezar cuanto antes a rentabilizar sus inversiones. Independientemente de quien acabe teniendo la razón, es incuestionable que se genera un peligroso clima de inseguridad jurídica que compromete la principal apuesta de Galicia por la transición energética. Y es que a golpe de sentencia judicial se pone en riesgo la viabilidad de empresas y proyectos industriales punteros, sin los cuales la economía gallega seguirá condenada a perder los trenes que conducen a la auténtica modernidad.
