Digamos que las fusiones municipales tienen buena prensa entre los gallegos más instruidos, urbanitas y de clase media alta, pero levantan suspicacias en el medio rural y sobre todo entre quienes viven en concellos de menos de cinco mil habitantes, que son los aparentemente condenados a fusionarse, de dos en dos o de tres en tres para sobrevivir a la galopante despoblación que padecemos en Galicia. Unos y otros ponen el acento en la voluntariedad a la hora de afrontar este tipo de procesos. Por lo que casi nadie parece apostar es por las integraciones forzosas, las impuestas desde arriba, por ley, que son precisamente las que se llevaron a cabo, con relativo éxito y sin gran contestación, en algunos de nuestros países vecinos en la época de la gran crisis. Aquella parecía una ocasión propicia que en el caso de España se desaprovechó, a pesar de las presiones de Bruselas, reticente con una aparatosa -y cara- estructura administrativa de cuatro niveles superponiéndose y redundando.
La Xunta, las tres universidades y la Fundación Juana de Vega trabajan en el diseño de una propuesta de nuevo mapa municipal para la comunidad gallega. Lo que hasta ahora se conocen son los resultados de una encuesta que revela además que los ciudadanos creen, que más que un problema de tamaño, lo que tienen los ayuntamientos es la necesidad de mejorar su financiación -o sea, contar con más recursos- y de ganar en eficiencia. Disponen de poco dinero y lo gastan mal. O podrían gastarlo de otra manera para prestar mejores servicios y atender a las necesidades de la población. Abundan los estudios de opinión que inciden en lo no muy satisfechos que suelen estar los administrados con la labor de los políticos locales, incluso en el caso de aquellos que reciben un amplio respaldo en las urnas. Son relativamente pocos los alcaldes que reciben un aprobado alto en la valoración de sus votantes. A veces lo que opera a este nivel es la teoría del mal menor.
Lo que la experiencia demuestra es que las fusiones municipales, por lo general, no alivian el bolsillo del sufrido contribuyent. No le ahorran impuestos ni tasas. Aunque se anuncie lo contrario, a la hora de la verdad no suele haber recorte de gastos, ni de funcionamiento, ni de gestión. Se mantienen o incluso se amplian las plantillas para mejorar las prestaciones. Si acaso, hay una ligera reducción del coste de la estructura política, al haber un único alcalde y una única corporación. Ganando tamaño aumentan los ingresos provenientes de otras administraciones, pero casi nunca tanto como se estima al afrontar la integración, que también tiene sus penalizaciones. Los pequeños concellos acceden a ayudas específicas para ellos que se pierden cuando elevan su rango poblacional. Las últimas fusiones entre concellos gallegos, las de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade, fueron impulsadas -por no decir impuestas- desde la Xunta y alguna diputación. No generaron entusiasmo, sino más bien indiferencia, entre las poblaciones afectadas y no hicieron cundir el ejemplo.
Lo que se anunció como primeros pasos de cara a un proceso amplio y generalizado se quedaron en casos aíslados. De ahí que el gobierno gallego haya puesto en marcha una iniciativa que persigue crear un clima propicio al redimensionamiento del mapa municipal de Galicia a partir de las aportaciones de expertos del ámbito universitario, cuyo criterio se presume solvente y políticamente neutral. Porque en última instancia son intereses partidistas y a veces hasta personalistas los que dificultan la integración de concellos vecinos y condenados a entenderse para susbistir. Y es que de dos alcaldes solo puede quedar uno y el partido que impulsa la fusión suele ser castigado en las siguientes elecciones. O sea, que no todos salen ganando.
