No hay nada que celebrar. Eso creen los sectores más críticos con la actual política lingüística de la Xunta. El caso es que la ley de normalización cumple estos días cuarenta años. Es hija de su tiempo y de unas circunstancias políticas muy diferentes de las actuales. Vio la luz a mediados de junio de 1983, cuando el autogobierno estaba todavía en pañales. Fue fruto del consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el aquel primer Parlamento gallego, con una mayoría de centro derecha (AP y los restos de UCD) hoy representada por el Partido Popular y entonces encabezada por Xerardo Fernández Albor, y una oposición de izquierda, muy fragmentada, en la que se alineaban los socialistas del PSdeG, los nacionalistas del Benepegá-PSG, liderados por Beiras, la Esquerda Galega de Camilo Nogueira y el Partido Comunista de Anxo Guerreiro.
Fue Nogueira quien promovió la iniciativa que daría lugar a la Lei 3/1983, que salió adelante por unanimidad, como el plan que la desarrollaría posteriormente Su ambicioso objetivo, sobre el papel, era situar la lengua gallega en pie de igualdad con el castellano en todos los ámbitos. De hecho imponía a los gallegos el “deber” de conocer el idioma propio. Tal obligación legal levantó las suspicacias del Gobierno de España de aquel momento, el de Felipe González. El Tribunal Constitucional acabaría eliminando esa imposición, que los catalanes ya ni se atrevieron a plantear. Esta norma permitió que empezaran a impartirse en la lengua de Rosalía diversas materias escolares, cuando hasta entonces, y solo desde 1979, el gallego era una asignatura más, una “maría”.
Los que ponen en duda que la ley de normalización haya servido para colocar a la lengua gallega en el sitio que debía ocupar aseguran que, paradójicamente, sirvió para legitimar una situación anómala, la diglosia, porque el castellano y el gallego no gozaban estonces, como no gozan hoy, del mismo estatus social. Otros se quejan del escaso interés que los sucesivos gobiernos autonómicos -casi todos del PP- pusieron en ampliar la presencia del gallego en colegios, institutos y en la Universidad, o en la ciencia, en el ocio y en los negocios. También hay quien cree que si en Galicia no hay conflicto lingüístico es porque en realidad ni el espíritu ni la letra de la ley normalizadora se cumplen. Sólo hubo un intento de que empezar a hacerla cumplir, con un decreto del bipartito PSOE-BNG, que acabó generando un conflicto con movilizaciones callejeras, apoyadas por el PP, para impedir la supuesta imposición del gallego en las aulas.
Frente a quienes creen que la ley de normalización fue un fracaso se alza la evidencia de que, gracias a aquella norma, la inmensa mayoría de los adolescentes y jóvenes de hoy saben hablar y escribir gallego perfectamente. De hecho pueden expresarse y se expresan con soltura en el idioma gallego cuando les parece. Sin embargo, no es su lengua habitual. Apenas la usan en casa o en su entorno habitual. Ahí se impone el castellano. Tal vez lo del bilingüismo cordial sea un invento, el caso es que en Galicia ambos idiomas conviven con normalidad entre la gente madura. Lo preocupante es que a las nuevas generaciones no les inquieta que la lengua gallega siga retrocediendo y esté amenazada de extinción. La mejor forma -y tal vez la única- de parar el desastre es que la gente moza asuma el compromiso cívico de mantener vivo el idioma propio y de transmitírselo a sus descendientes, por respeto a sus raíces, por amor a sus mayores. Y por propia voluntad, porque le sale de dentro. No porque se le impongan, ni porque se sientan obligados.
