Más claro, agua. La Audiencia de A Coruña da otro tirón de orejas al "Estado" por el desinterés que mostró, hasta ayer mismo, por incorporar al patrimonio público las Torres de Meirás. Y por no hacer las cosas bien. La familia Franco recupera por sentencia inapelable el derecho a disponer de los muebles y bienes accesorios del Pazo que fuera residencia veraniega del dictador. El auto anula las medidas cautelares impuestas por el juzgado de instancia que, según los magistrados, degeneraron en una suerte de incautación "legal" sin base jurídica, por entender que la Administración no tiene derecho a disponer de algo que no reclamó. Así de sencillo. Además el Estado es condenado en firme a pagar la correspondiente indemnización por haber privado de la libre disposición a los legítimos propietarios de esos objetos, dicho de otro modo, por tanto impedirles llevarse lo que sigue siendo suyo, al menos hasta que, en otro pleito, la Justicia disponga lo contrario.
O sea, que la Abogacía del Estado -con el apoyo de otras instituciones y entidades- en realidad solo reclamó la propiedad de la finca y los inmuebles, no lo que contienen, aunque ese contenido pueda considerarse de gran valor histórico o en algún caso, como el de las estatuas de Abraham e Isaac, esté declarado Bien de Interés Cultural. De lo cual se deduce que la demanda era incompleta, además de dejar claro, para quien lo ignorase, que en derecho a nadie se le puede conceder lo que no pide. Además, la Audiencia, en tono de reconvención, recuerda que en un estado de derecho, todos los ciudadanos son iguales y han de ser amparados sin distinción ante un trato injusto. También los nietos del general Franco. "No caigamos en lo que decimos que rechazamos", señalan sus señorías en un acto muy crítico que trata de poner a cada uno en su sitio.
A cada nuevo paso del larguísimo proceso judicial emprendido para deshauciar a los Franco de Meirás se pone más claramente en evidencia la falta de rigor jurídico de los letrados de un Estado que tardó más de cuatro décadas desde la muerte del dictador en mover ficha. Y cuando lo hizo puso tanto o más interés en la escenificación de su propósito político que en cargarse de argumentos sólidos para que la Justicia le diera la razón. Ahí queda para la historia la foto, de diciembre de 2020, en la que, en un gesto inédito y claramente excesivo, una jueza entrega simbólicamente a la abogada del Estado las llaves del Pazo. Se trataba, dijeron, de inmortalizar la reparación de lo que los colectivos memorialistas consideraron siempre un expolio de un bien que siempre debio ser "público". Una imagen para congraciarse con el que supone un amplio sector de la población que parece seguir militando en el antifranquismo.
Claro que la foto que ya no será posible es justamente la más deseable, la única que serviría para cerrar definitivamente un capítulo clave de nuestra historia reciente. En ella debería aparecer un representante de los descendientes del "Generalísimo" o, mejor aún, cualquiera de ellos, depositando las llaves de las Torres de Meirás en manos de una autoridad democrática que encarne a la España (y a la Galicia) que quiere pasar página de una vez por todas, sin rencor histórico, pero poniendo las cosas en su sitio. Nada sería tan balsámicamente reparador como que algún día un tatarataranieto del dictador acuda con absoluta normalidad -y sin que sea noticia- a visitar el lugar donde se solazaba cada verano su antepasado, un espacio noble convertido al fin en un lugar de memoria auténticamente conciliadora. Para entonces habrían de estar cubiertos por el polvo los expedientes que contengan los pleitos hoy aún muy vivos.
