No me consta que se lo hayan preguntado expresamente. Sin embargo se puede dar por hecho que ninguno de los dos candidatos con posibilidades de presidir la Xunta tras el 18F tiene intención de mudarse a la residencia oficial del presidente, al que algunos denominan palacete de Monte Pío, en el barrio del mismo nombre, en Santiago de Compostela. Alfonso Rueda prefiere seguir residiendo en su vivienda familiar, en Pontevedra, aunque de vez en cuando pernocta -que no vive- en el complejo diseñado por César Portela y que en su día estrenó Manuel Fraga, a quien por cierto también le pareció siempre demasiado ostentoso. Y Ana Pontón, dicen los que la conocen, está muy a gusto en el barrio compostelano de Concheiros, donde reside desde hace años. Ni se le pasa por la cabeza irse a vivir a un sitio como Monte Pío, además de lujoso, desangelado, impersonal y un tanto aislado de la ciudad.
Lo de palacete viene muy al caso. Hablamos de una vivienda de unos 25.000 metros cuadrados, que se prolongan hasta los 70.000 si contamos la zona de parque que la circunda. Un tamaño desmedido para alguien como Emilio Pérez Touriño, que la convirtió en hogar familiar y sede institucional de la Presidencia durante su mandato, entre 2005 y 2009. Incluye una piscina interior climatizada, sauna, zona de gimnasio y hasta jardines privados. Como por razones de seguridad se proyectó y se construyó sin que trascendieran apenas datos, se calcula que supuso una inversión cercana a los diez millones de euros. Otras fuentes hablan de no más de siete millones. En cualquier caso, tampoco debe ser barato mantenerla en uso, más allá de los costes de personal y de vigilancia permanente.
Sin presidente o presidenta que lo ocupe, cabe empezar a preguntarse qué hacer con el complejo presidencial compostelano. Si no se le busca una utilidad más allá de la residencial, Monte Pío, además de convertirse en una casa fantasma, que ya lo es, va a seguir suponiendo un gasto considerable y superfluo, difícilmente justificable para las arcas públicas autonómicas incluso en épocas de vacas gordas. Lo difícil es encontrar una utilidad práctica para unas instalaciones que fueron concebidas como vivienda de lujo, despachos y salas de reuniones. Habría que adecuar la mayoría de esas dependencias a los nuevos fines, destinando a ello mucho dinero, porque barato no va a resultar, y desvirtuando el proyecto original.
Pero la cuestión de fondo, un debate que está pendiente no sólo en Galicia, es si a estas alturas y en los tiempos que corren tiene algún sentido el concepto mismo de residencia presidencial. O si debe el Gobierno autonómico costear y poner a disposición de su presidente o presidenta en la capital autonómica una vivienda oficial para que la disfrute, con uso público y privado, mientras ocupe el cargo. De hecho varias autonomías dejaron de tenerla hace tiempo, otras no la tuvieron nunca y en alguna ni siquiera llegaron a plantearse esa necesidad. Otra muestra, si se quiere, de la España plural. Hasta en esto las autonomías van por libre.
