La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de imputar al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por la organización del referéndum ilegal del 9-N h venido a suponer un balón de oxígeno para su pretensiones de volver a ser presidente de la Generalitat, dada la altura que ha alcanzado la ola de solidaridad que ha levantado la diligencia judicial, manifestada incluso por aquellos que le han negado el apoyo que requiere para su propósito y por sus propios socios entre quienes se cuentan candidatos dispuestos a ocupar su sitial, y desde luego por su propio partido pese a que los resultados electorales les han dejado con un 40% menos de diputados que en la anterior legislatura. La imputación de Mas, en cualquier caso, constituye otro elemento de distorsión en un escenario político en el que el diálogo y el acuerdo político debiera imponerse a principios maximalistas.
Las respuestas a la imputación de Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega, y de la consejera de Educación Irene Rigau, fueron inmediatas y en la línea que era previsible – ataque a la institución que representan y a la voluntad del pueblo catalán-, y es igualmente probable que su comparecencia ante el juez se convierta en una manifestación independentista de apoyo a los querellados. O puede que incluso se eleve el listón de la respuesta en otro gesto de desobediencia civil si Artur Mas decidiera no prestar declaración –presencial o en su despacho- y que iría en consonancia con el delito de desobediencia objeto de la querella -además de los de prevaricación y malversación-por contravenir las decisiones del Tribunal Constitucional por el que está acusado por celebrar el ‘proceso participativo’.
A partir de ahora será el momento de comprobar si efectivamente, el Gobierno, como han afirmado Mariano Rajoy y Rafael Catalá, tiene afinados todos los instrumentos para dar la respuesta judicial al desafío de Mas, porque en este momento la pelota está en el terreno en el que propio Ejecutivo la puso al instar la querella y judicializar el 9-N, y por lo tanto la resolución del conflicto catalán comienza a jugarse en el terreno legal apenas dos días después de que se cerraran las urnas de las autonómicas catalanas, y asumir todas las consecuencias que puede acarrear la decisión judicial, que de acabar en condena, por todos o algunos de los delitos, conlleva la inhabilitación para cargo público, y que daría lugar a una situación muy delicada en el caso de que Mas haya sido investido presidente de la Generalitat y permanezca en el puesto cuando haya sentencia firme.
Es fácil imaginar lo que hubiera ocurrido si la imputación de Artur Mas hubiera llegado en los días previos a la campaña electoral y hasta donde hubiera llegado el victimismo y la capacidad de movilización de los independentistas, que ha demostrado que la alta participación también les beneficia. Pero la decisión judicial no podía hacerse esperar más, diez meses después de que fuera presentada la querella.
Quizá a Artur Mas le pueda ir mal, y la imputación sirva para hacer leña del árbol que está a punto de caer. Pero no hay que perder de vista que los 72 diputados independentistas están dispuestos a seguir adelante. Y más enfadados por lo que consideran, con razón o no, procedimiento político.
