La actitud de los principales dirigentes del PP respecto a la ex alcaldesa de Valencia y actual senadora por designación autonómica es la de haber iniciado la descompresión y comienzan a para de su defensa a ultranza a iniciar un distanciamiento paulatino, que se ha hecho más evidente desde que el juez de instrucción del ‘caso Imelsa’ ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pide la imputación de la senadora en la operación de blanqueo de dinero relacionada con las campañas electorales en 2011 y 2015.
El razonamiento del juez tiene su lógica: puesto que todo el equipo municipal de Rita Barberá –y otra treintena más- está investigado por esas prácticas también debiera saber algo al respecto la persona que los dirigía, pese a que en su defensa ha negado cualquier vinculación con lo que hicieron sus subordinados, que están sometidos a un proceso de suspensión de militancia y han pasado al grupo mixto municipal, mientras que Barberá tiene un expediente informativo que compatibiliza con su nombramiento como miembro de la Diputación Permanente del Senado, con lo que mantendrá su aforamiento lo que resta de legislatura y la siguiente hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas, e incluso más allá si volviera a ser designada por su partido como senadora autonómica.
De la actuación del PP valenciano se ha llegado a hablar de “ecosistema de corrupción”, y la palabra ‘mafia’ aparece frecuentemente al referirse a su propia estructura y funcionamiento. Y cuando se habla de mafia una de sus características esenciales es la ‘omertá’, la ley del silencio, y son frecuentes las alusiones de algunos de los implicados en los casos de corrupción que se investigan a “tirar de la manta”, a lo que algunos de los investigados pueden saber y pueden llegar a contar. Y quizá para que se mantenga ese silencio Génova no ha expulsado directamente a los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados, y por lo que la presión sobre Rita Barberá para que dimita y abandone la actividad política no es más intensa. Por eso y porque las encuestas no empeoran la intención de voto sobre el PP por su actitud sobre la corrupción.
Y aun así, pese a la exposición razonada del juez al Supremo, todavía quedan muchos pasos judiciales que dar en el Supremo hasta que, si fuera el caso, se decidiera pedir el suplicatorio, que debiera ser el punto de inflexión sobre su decisión, si ha resistido la presión hasta entonces, y en cualquier caso, respetando la presunción de inocencia que es el argumento al que se acoge la exalcaldesa valenciana. Tiene su razón por cuanto el propio juez reconoce que ningún investigado o testigo ha manifestado una «participación concreta personal» de Barberá en el “pitufeo”.
Pero cada vez, políticamente se va quedando más sola y puede llegar a convertirse en “esa persona de la que usted me habla”, en terminología del presidente del Gobierno cuando ya no le quedan argumentos para defender a aquellos que le ayudaron a conseguir el liderazgo en el PP y le facilitaron muchos votos para llegar a la presidencia del Gobierno.
Como los trámites para que el Supremo decida si pide el suplicatorio sobre Rita Barberá, durarán varios meses, el caso sobrevolará todo el periodo electoral.
