Los independentistas catalanes han vuelto a poner la pelota en el tejado del Gobierno. Todavía no han dado la patada a seguir, utilizando la terminología del rugby, pero la propuesta de acuerdo que JxCat y ERC han trasladado a la CUP para poner en marcha un "Pacto Nacional Constituyente", que tras los debates pertinentes acabe en la elaboración de una constitución catalana, y que como colofón concluya en una "multiconsulta" a los ciudadanos "con todas las garantías", es la demostración de que nada ha cambiado en el mundo secesionista, que el "simbolismo" de la proclamación de la República catalana no ha sido sino una estrategia para ganar tiempo y eludir la cárcel en algunos casos.
Constitución catalana y consulta con todas las garantías son dos términos antitéticos que de ninguna manera pueden ir en la misma proposición. La actitud del Gobierno apoyado por los partidos constitucionalistas, las doctrinas del Tribunal Supremo y sobre todo del Tribunal Constitucional y el cada vez menor apoyo ciudadano a la deriva independentista de una parte de la ciudadanía catalana que cada vez se va reduciendo, debe ser la de no ceder terreno a los partidarios de la secesión, aún cuando tengan la mayoría en el Parlament de Cataluña.
Si finalmente se vuelve a reproducir el desafío en el Parlament, si finalmente se establece un "Espacio Libre del exilio", en el que Carles Puigdemont ejerce como presidente in pectore y controla desde Waterloo lo que se haga en Barcelona, si una vez que se invista a un presidente exento de problemas con la justicia se vuelven a dar pasos en la dirección de fraccionar primero la sociedad catalana y luego el conjunto del país, es al Gobierno a quien corresponde, sin dilación, adoptar las medidas oportunas con la firmeza y severidad que se requieran, ante la imposibilidad de buscar un entendimiento político con quienes no quieren sino mantener la ficción de la proclamación de una república inexistente, de la que muchos han renegado y que solo existe en la cabeza de los miembros de la CUP y del prófugo Carles Puigdemont.
El acuerdo de JxCat y ERC dirigido a contentar a la CUP para que apoye a Jordi Sánchez en una investidura que tiene los visos de ser fallida, porque la resolución de Supremo sobre su permiso para que acuda al pleno del Parlamentt puede no llegar a tiempo y no se la que pide Roger Torrent, no es sino una nueva hoja de ruta para conseguir la independencia. Para ponerla en marcha lo primero que se necesita son fondos por una parte, y por otra, una serie de debates y resoluciones parlamentarias que van a seguir el mismo camino que las últimas decisiones que contravienen normas y leyes, el del TC y su previsible anulación, con lo que el bloqueo político está asegurado al igual que reedición de la intervención de la autonomía catalana, en el caso de que haya sido retirada.
La hoja de ruta en esta ocasión contará con nuevos actores, aquellos que desde Bélgica traten de condicionar la vida política de Cataluña y del resto de España. Ahora bien, no es menos cierto que toda la hoja de ruta está condicionada a que se generen "grandes consensos sociales" o la "suma de grandes mayorías" con las que por ahora no cuentan. Pero la propuesta de que se inicie un nuevo proceso constituyente es volver a hacer de Cataluña un polvorín político.
