La decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de votar a favor de la proposición de ley de IU de modificar de nuevo el artículo 135 de la Constitución para que el pago de los servicios públicos fundamentales tenga prioridad absoluta frente al cumplimiento del déficit cero en las administraciones públicas es un gesto de la nueva dirección del PP que trata de congraciarse con una parte del electorado que perdió cuando Zapatero se vio forzado a plegarse a las condiciones de la “troika” para evitar el rescate.
En aquel momento se necesitaba una decisión política de alcance y parecía que muchos más países iban a seguir el mismo procedimiento de establecer la consolidación fiscal en sus constituciones. No fue así. Y ahora las circunstancias han cambiado. Salvado el euro y ante la posibilidad de una tercera recesión, la Comisión Europea y Merkel abren la mano para que Italia y Francia puedan cumplir con el Pacto de Estabilidad a más largo plazo. Por tanto, no tendría que haber ningún problema para revertir una cesión de soberanía que pudo tener su sentido en un tiempo, sin que suponga una merma de la confianza política o de los mercados, como tratan de infundir miedo desde el Gobierno o el PP. Ese barómetro que es la Bolsa, no ha tomado en consideración este debate político: la mayoría absoluta del PP ha impedido de momento la ‘contrarreforma’. Otra cosa será si dentro de un año se produce un vuelco electoral.
El PSOE -ni otros partidos- no genera dudas, como Podemos o IU, sobre el pago de toda la deuda, sino que su intención es cumplir los compromisos contraídos sin afectar al funcionamiento de los servicios sociales que pretende blindar constitucionalmente y poner fin a un cambio marcadamente ideológico, porque las medidas adoptadas -recortes más privatizaciones- responden a una determinada forma de entender el desarrollo social y económico y tuvieron en esa reforma constitucional la pista de aterrizaje perfecta. Una propuesta del entonces jefe del Ejecutivo en la que Mariano Rajoy no encontró ningún problema para acceder a ella, cuando aún mantenía que al llegar al Gobierno no haría recortes en los derechos sociales. Luego incumplió su promesa y eso le ha servido para ser señalado por los poderes económicos como el ejemplo a seguir.
El apoyo socialista a la propuesta no es solo un intento de recuperar terreno frente a Podemos, sino dar cumplimiento a sus propias propuestas en un asunto del que debaten desde poco después de pagar el coste político que asumieron con la reforma del artículo 135 que supuso un descalabro para la campaña electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba, y que está en el punto de mira del PSOE desde la Declaración de Granada.
Queda, por último, la contradicción a la que ha de hacer frente el propio Pedro Sánchez que votó a favor de la reforma constitucional que ahora quiere volver a cambiar. Es legítimo señalar el cambio de criterio, pero no se debe olvidar que todos los grupos parlamentarios se rigen por la disciplina de voto y que su ruptura reiterada supondría dar la imagen de división y crisis interna que también tiene un efecto letal sobre los partidos. Y en cualquier caso a nadie se le puede negar el derecho a rectificar, sobre todo cuando se hace abiertamente.
