Acaba de quedar visto para sentencia el juicio por la utilización de las tarjetas opacas de Cajamadrid y casi simultáneamente se abren tres nuevos frentes en los que la corrupción es de nuevo protagonista de la vida política. A la ’operación Pika’ contra el 3% de comisiones para la financiación irregular de CDC, el partido de Jordi Pujol y de Artur Mas, se le ha unido la investigación abierta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras y ayer mismo la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se reabra el caso de la ‘caja b’ del PP por las declaraciones en el ‘caso Gürtel’ de su principal implicado, Francisco Correa.
Los asuntos que ahora se dilucidan en los tribunales relacionados con la corrupción política y el urbanismo no han tenido todavía el ‘efecto vacuna’ ni han dado lugar a que se produjera una catarsis en el mundo político y empresarial y que este tipo de corrupción comenzara a ser una cuestión del pasado. Y de ahí que sigan apareciendo casos que ya se han hecho habituales en el paisaje nacional.
Para los dirigentes catalanes, la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona que ha acabado con la detención de distintas personalidades relacionadas con la adjudicación de obras públicas en la capital catalana muy vinculadas a los anteriores dirigentes de CDC, y en la época en la que Xavier Trías era alcalde de la ciudad, es una reacción a la aceleración del proceso soberanista en los últimos días. Para los independentistas no hay ninguna duda de que los registros y la detenciones tienen una relación directa con el juicio que el próximo lunes verá la acusación de desobediencia de Artur Mas y dos de sus consejeras por la celebración de la “consulta participativa” del 9-N. Es revelador que, por ejemplo, al presidente de ERC, y vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, le preocupe más “el uso partidista de la persecución de la corrupción” que la corrupción misma, y que en esa línea se hayan expresado más líderes independentistas. Coincidencia o no porque los tiempos políticos y judiciales son distintos –las casualidades son cada vez menos frecuentes, no obstante- la ‘operación Pika’ viene a poner de manifiesto que en Cataluña se ha tejido una importantísima red clientelar y de corrupción partidista que ha tenido en el ‘clan Pujol’ su máxima expresión.
La investigación sobre el presidente de la Región de Murcia deriva de los sobrecostes en la construcción del auditorio de la ciudad de que era alcalde. Pedro Antonio Sánchez afirma que se trata de cuestiones administrativas, pero la fiscalía considera que pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Las espadas estarán en alto hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad decida exonerarle o investigarle. Murcia es otro de esos lugares en los que partido, poder y régimen se confunden, dado el tiempo que el PP ha gobernado con mayoría absoluta.
Y al PP le reaparece otro fantasma que nunca dejo de estar ahí, la investigación sobre su presunta ‘caja b’, que la fiscalía anticorrupción ha pedido que reabra la Audiencia Nacional. Quizá así se logre descifrar lo que quiso decir Bárcenas con la “contabilidad extracontable”.
