Ha comenzado el juicio por el ‘caso Gürtel’, en el que están implicadas una treintena de personas la mayor parte de ellas vinculadas con el Partido Popular, por la presentación de las cuestiones previas. La defensa de algunos inculpados ha tratado de cargarse el proceso de raíz por considerar nulas las grabaciones del exconcejal del PP que dieron origen a toda la intervención policial y judicial para desentrañar una trama que ha reportado a los encausados varios millones de euros, y de la que este partido se ha lucrado y en el que están encausados tres de sus tesoreros. Ha coincidido que en el mismo órgano judicial y simultáneamente, en la Audiencia Nacional, se sigue la causa por las ‘tarjetas black’ de los consejeros de Bankia, con lo que alguien que viniera de fuera y viera la proliferación de políticos que se sientan en el banquillo podrían hacerse una idea de lo que ha ocurrido durante una cierta etapa en la vida política de España, considerada por algunos políticos sin escrúpulos como su coto privado.
Y más allá de si se aceptan o no determinadas pruebas, o la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno en funciones en calidad de presidente del PP–ya fue rechazada en la instrucción- en los años que se juzga la actividad de Francisco Correa y sus secuaces, o las grabaciones realizadas ordenadas por el juez Garzón a los miembros de la trama y a sus defensores en prisión, que acabaron en su expulsión de la carrera judicial, la cuestión previa que habría que dilucidar es de carácter político, y averiguar cómo se pudo llegar hasta ese punto de corrupción municipal y autonómica en lugares gobernados por los populares y que las salpicaduras llegaran hasta la sede del PP, sin que saltaran todas las alarmas, o alguna de ellas.
Y una vez que saltaron resulta sorprendente que en todo el recorrido del caso no se hayan producido asunción de responsabilidades políticas salvo en casos contados como el de la exministra de Sanidad, Ana Mato, que ha dado lugar hasta a una nueva formulación de la figura del partícipe a título lucrativo, la del cónyuge -intelectualmente bien preparado- que desconoce lo que ocurre en el domicilio familiar, y que también se ha querido utilizar en otros procesos. Las justificaciones para no hacerlo han ido desde considerar que lo que ha ocurrido “no es un caso del PP sino un caso contra el PP”, a que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se jactara de haber sido quien destapó el caso; o que se justificara diciendo que ha hecho muchos nombramientos muy pocos de los cuales “le han salido rana”, o que el PP acabara expulsado del proceso como acción popular, porque más que de acusación actuaban como defensa de algunos encausados.
Cuestión previa es también la politización de la justicia que se ha producido alrededor de este caso desde el primer momento, con la situación de Garzón, la peripecia del juez Ruz y su renovación en la Audiencia Nacional, o la casualidad de que el caso cayera en la sala de lo penal en la que estaban Enrique López y Concepción Espejel que fueron recusados y apartados del caso por falta de imparcialidad, por sus relaciones con el Partido Popular, mientras que las defensas lo han intentado con el magistrado progresista Ricardo de Prada sin que haya sido admitida. Los peores manejos y las peores maniobras han comenzado a juzgarse en el sumario Gürtel.
