La primera iniciativa de calado del secretario general del PSOE fue la de presentar una proposición no de ley en el Congreso para que los parados de larga duración cuenten con una renta de 426 euros. La segunda es la de impulsar un debate entre todos los partidos sobre la reforma constitucional. Con estas dos propuestas la nueva dirección socialista pone el foco en dos de los problemas más graves y que necesitan una solución perentoria, la de abordar la situación de aquellos que no tienen nada y la de poner al día la Constitución para tratar de resolver el problema territorial y de paso abordar otros retoques que necesita en consonancia con las sentencias e interpretaciones del Tribunal Constitucional y con el devenir de los tiempos.
El procedimiento que ha anunciado Pedro Sánchez parece adecuado, al situar en el Congreso y entre los portavoces que designen los partidos el inicio de los contactos previos y se vea la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Se trata, sin duda, de una posibilidad remota porque el PP y el Gobierno afirman que no quieren distraerse de su tarea fundamental que es remontar la crisis económica. El desafío soberanista en Cataluña, y el compás de espera en el que se encuentran los nacionalistas vascos, tampoco ayuda a un debate sereno sobre su engarce en España.
Con estas apreciaciones, el PP no considera que sea el momento adecuado para nada: ni para afrontar una reforma del sistema de financiación autonómica, ni mucho menos una reforma constitucional en profundidad que suponga remover los cimientos del modelo territorial, en la que se acentuaría el perfil federal que ya tiene la Constitución y que debiera servir para evitar conflictos mediante la el establecimiento de las competencias y obligaciones del Estado y de las comunidades autónomas y el reconocimiento de los hechos diferenciales junto con la nunca resuelta conversión del Senado en una cámara verdaderamente territorial. Y mucho menos está por la labor de incorporar a la Constitución derechos que se proponen por los partidos de izquierdas como la garantía de prestación de los servicios sociales básicos, que pudieran poner en cuestión la última reforma, la del artículo 135 que establece la sacrosanta obligación de controlar el déficit público.
Es muy probable, por tanto, que el intento de los socialistas de abrir el debate sobre la reforma constitucional no vaya muy lejos, tanto por la actitud de los populares como de los nacionalistas -sin cuyo concurso, al menos de los catalanes- la reforma no tendría un respaldo similar al que contó la Constitución de 1978, y a los que habrá que sumar a IU y a las nuevas fuerzas emergentes, pero se trata de que la idea vaya calando como la lluvia fina y que la reforma constitucional acabe viéndose como una solución y no como un problema añadido a la convulsa vida política nacional. De paso servirá para solventar las dudas acerca de si los actuales líderes de los partidos tienen la altura de miras necesaria y la generosidad como para poner en marcha una reforma constitucional que sea el marco adecuado para el desarrollo de la vida política, económica y social en la primera mitad del Siglo XXI.
Por lo pronto, Pedro Sánchez ha respondido a las demandas del PP para que concretara sus propuestas sobre la reforma constitucional y está dispuesto a lanzar este debate.
