Cuando el pasado mes de febrero el Partido Popular terminó su congreso, los dirigentes reelegidos daban por concluida la etapa de la corrupción que había afectado al partido, y hablaban de ella como algo del pasado atribuible a unas pocas personas sin mención alguna a si habían contribuido a la financiación irregular de la formación. Era “la parte mala” de la historia del PP (Rajoy) . Hubo la declaración de que se trataba de algo del pasado, incluso “transversal” (De Cospedal) y el asunto quedó zanjado con el reconocimiento de que “en algún caso tardamos en reaccionar” (también De Cospedal).
Pero a partir de ese momento, los casos de corrupción que afectan al PP no han dejado de crecer: ha dimitido un presidente autonómico –Murcia- y otro expresidente regional –Madrid- acaba de ser detenido y Mariano Rajoy ha sido llamado a testificar por la trama Gürtel: el primer presidente del Gobierno en ejercicio que tendrá que comparecer ante un tribunal.
La detención de Ignacio González está relacionada con un presunto caso de corrupción en el Canal de Isabel II, que provee de agua a Madrid, y que comenzó una expansión por Surámerica con abundantes sobrecostes. Se convierte así en el último miembro del equipo de Esperanza Aguirre que le ha salido “rana”. Pero ya no son nombramientos de alcaldes en los que ha fallado, sino que son media docena de sus antiguos consejeros y sus principales apoyos en el gobierno y en el partido regional, los que se encuentran investigados por casos de corrupción, en algunos casos encarcelados, y eso, como afirma el líder de Podemos, ha convertido al PP madrileño en “una charca”.
Los acuerdos de gobierno de Ciudadanos con el PP en Madrid, que han propiciado distintas comisiones de investigación, junto a la decisión de la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, para sacar a la luz toda la corrupción previa a su mandato y evitar que estos casos salpiquen su actividad, han sido determinantes para poner cerco a una forma de entender la política en la que se mezclan el enriquecimiento personal –González está investigado también por el caso de su ático en Marbella- y la financiación ilegal del partido, otra vez en una comunidad autónoma en la que la época de las mayorías absolutas y la laminación de la oposición hacía más fáciles las tropelías y dificultaba su investigación.
Por ese motivo además de la acción de la justicia –en el caso de la testifical de Rajoy se ha echado en falta el latiguillo del “respeto a las decisiones judiciales” por parte de los dirigentes nacionales del PP- es precisa la adopción de responsabilidades políticas, porque no es suficiente con señalar la equidistancia entre el daño causado al propio partido por los presuntos corruptos y el que han originado al prestigio de la actividad política.
A estas alturas, y sin conocer cuáles y cuántos casos pueden estar siendo investigados por la policía y los jueces, sería preciso que el Partido Popular dijera, o mejor hiciera algo, que sirviera de catarsis, que diera un paso que contribuyera a sacudirse la imagen de la corrupción por acumulación que le persigue en los últimos años. Perdieron la oportunidad en el pasado congreso nacional celebrado entre el alborozo de la nueva etapa en La Moncloa. Pero la corrupción seguía ahí, esperando respuesta política.
