El Gobierno no ha logrado salvar el real decreto por el que preveía hacerse con el remante de caja de los ayuntamientos que tienen superávit y ha sufrido una derrota sin paliativos, en la que han tenido parte, aunque no voto hasta alcaldes socialistas que no estaban de acuerdo con el procedimiento. En este caso no ha funcionado la mayoría de la investidura ni la geometría variable y los últimos intentos por lograr un acuerdo han sido inútiles, aunque se haya salvado la coherencia entre las fuerzas que componen el Gobierno de coalición. El esfuerzo negociador ha sido insuficiente pese a las contradicciones que supone mantener un sistema que impide gastar el dinero que los consistorios tienen en sus arcas, porque la norma que limita su uso sigue en vigor.
Se trata de una derrota de carácter singular, dado que solo se había producido en cuatro ocasiones anteriores, que pone de relieve lo difusas que son las alianzas cuando un gobierno no dispone de la mayoría necesaria para aprobar con soltura en las Cortes sus propuestas. Pero sacar como conclusión de la derrota que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado puede estar más lejana puede ser una apreciación equivocada, porque el reto es distinto y por la vía de la mayoría de la investidura o por la de la transversalidad es de esperar -al PP lógicamente no se le espera ni a Vox tampoco- que la sensatez y la necesidad de contar con unas nuevas cuentas públicas se acabe imponiendo, a pesar de que en un caso haya que esperar la definición de los volubles intereses de ERC y en el otro que no acentúe las diferencias entre los socios de la coalición.
Por si el ambiente estuviera poco confuso, el Gobierno acaba de lanzar un globo sonda que no hace sino generar nuevas incertidumbres a las ya existentes en todos los ámbitos con el anuncio de una posible congelación de los salarios de los funcionarios y trabajadores públicos que son el "ejército cautivo", junto a los pensionistas, cuando se trata de ahorrar gasto público de forma rápida. Cuando los funcionarios no han recuperado aún todo el poder adquisitivo perdido en la anterior crisis por la rebaja de Zapatero y las congelaciones de Rajoy, su incremento salarial vuelve a estar en el alero. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dice que no hay nada previsto, y la tercera, Nadia Calviño, que es una posibilidad a estudiar. La decisión tendría un significativo coste político y enmarañar más la aprobación de los PGE, aunque abre un debate en el que también pueden entrar en juego otras consideraciones sobre su situación laboral, ajena a los ERTE y el compromiso de que tarde o temprano acaban recuperando el coste de su sacrificio salarial.
Otra incertidumbre más es la referida a las ayudas que pueden recibir los padres cuyos hijos hayan contraído el covid-19 o deban guardar cuarentena. Cuando parecía que podrían acogerse a una baja médica, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a enfriar esa expectativa, que tampoco es la favorita de los médicos que han de extenderlas. Ha comenzado ya el goteo de cierre de escuelas como consecuencia de la pandemia y todavía no está decidida la forma en que la situación sanitaria de los hijos afectara a la situación laboral de los padres.
