La Junta Electoral Central, el órgano superior de la Administración Electoral, ha ordenado a los ayuntamientos catalanes que retiren de sus fachadas las banderas esteladas –independentistaspor considerar que los poderes públicos deben ser neutrales en periodo electoral. Como Convergencia, el partido de Artur Mas, ha anunciado un recurso para que se suspenda la instrucción, las banderas seguirán ondeando sobre el orden electoral unos cuantos días más, porque en el orden legal llevan incumpliendo las normas desde hace tiempo.
Cada cierto tiempo se desata una ‘guerra de las banderas’ y no es difícil recordar las campañas realizadas por el partido del Gobierno cuando estaba en la oposición y sus organizaciones y medios afines sobre la ausencia de la enseña nacional en buen número de ayuntamientos de Cataluña y País Vasco, sobre todo, y se quejaban de la inacción del Ejecutivo socialista para obligar a su colocación, lo que se logra solo mediante sentencias judiciales.
Los ayuntamientos en los que la bandera de España sigue sin estar izada en los mástiles de la fachada son numerosos. En cualquier caso los incumplidores juegan con ventaja, por la lentitud de la justicia y porque la desobediencia tiene un coste crematístico muy bajo en comparación con los réditos políticos que dispensa a los independentistas, en forma de victimismo o de soberbia por la insumisión, apoyados como están por las organizaciones independentista.
Por no mencionar el efecto en contrario que tiene el llamamiento a llenar de esteladas los balcones privados. El conseller de Interior catalán, Ramon Espadaler, está convencido de que serán los propios alcaldes quienes cumplirán la decisión de la Junta Electoral Central, pero tanto la ANC como la asociación de los ayuntamientos independentistas han llamado a la rebelión. Tampoco está previsto que las retiren los mossos d’esquadra.
Ante este nuevo desafío sería razonable que el Gobierno aplicara la doctrina que Rajoy estableció tras el ilegal referéndum independentista celebrado el 9N del pasado año, cuando afirmó que el Ejecutivo "actuó como lo tenía que hacer", con proporcionalidad y mesura, porque haber ordenado quitar las urnas hubiera servido para "generar más tensión y generar más dificultades" y para que los organizadores hubieran obtenido la fotografía que querían, la de la Guardia Civil retirando las urnas.
Hay quien sostiene que de aquellos polvos vienen estos lodos y que los independentistas se crecen en los desafíos al Estado –“embajadas” incluidas, incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la enseñanza del castellano… ,pero no es menos cierto que el suflé catalán está bajando por sí solo, y parece que lo seguirá haciendo si no se cometen errores de bulto.
Ahora bien, si el Gobierno no actúa contra los ayuntamientos catalanes que vulneren una decisión de una junta electoral –en este caso la Central, tampoco tendría sentido hacerlo contra otras iniciativas que también quedan fuera de la ley electoral, como el ‘acto político’ convocado por el movimiento 15M en la madrileña Puerta del Sol en el día de reflexión de las elecciones municipales y autonómicas, para el que no han solicitado ningún tipo de autorización, y sobre el que pesa la advertencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que hará cumplir la ley. ¿En unos casos sí y en otros no?
