Cada vez que el Gobierno de turno se ha lanzado a la "guerra sucia" ha acabado salpicado y la consecuencia han sido un desprestigio de las instituciones que cuesta reparar y que han afectado a la confianza en el sistema democrático porque la intervención de las cloacas del Estado -donde “también se defiende”, en frase de Felipe González- causa desazón porque han sido utilizadas a favor de parte. Le ocurrió al mencionado expresidente del Gobierno socialista, señalado como la "X" de los GAL, sin que hubiera evidencia judicial de que lo fuera, y ahora al Gobierno del PP encabezado por Mariano Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ven en el ojo del huracán por la “policía patriótica” que ha actuado a lo largo de los últimos años en multitud de asuntos que se están viendo en los tribunales, después de reiteradas chapuzas con las que pretendían perjudicar a sus adversarios políticos.
Las primeras actuaciones presuntamente ilícitas cometidas fueron las relacionadas con el “clan Pujol” o la cuenta inexistente de dinero en el extranjero de Xavier Trias. Luego han seguido otras más entre las que destacan la "operación Kitchen" para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación comprometedora sobre todo lo conocido a través de sus "papeles" acerca de la finaciación irregular del PP y los “sobrecogedores”, y finalmente la operación PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) con la que se ha tratado de vincular a Podemos con la finaciación ilegal procedente de Venezuela o Irán.
El secretario general de Podemos tiene claro que esa operación iba destinada a impedir un hipotético acuerdo con el PSOE, tras las elecciones de 2015. Desde aquel momento Venezuela se convirtió en la 51 circunscripción española y pasó a ocupar un lugar relevante en la crítica política hacia el partido morado por la relaciones que habían tenido sus dirigentes con el régimen chavista. Se produjeron demandas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que una tras otra fueron archivadas por falta de material indiciario. Dio lo mismo porque algunos medios de comunicación no dejaron de mantener esas acusaciones que les habían llegado directamente desde las cloacas del Estado.
Una vez desvelado el embrollo o al menos una parte significativa, con la judicialización de la actuaciones realizadas por la policía patriótica con origen en los documentos incautados al excomisario José Manuel Villarejo -quien no ha dudado de utilizar los datos que ha conocido para poner en un brete tanto al rey emérito como a una de las principales instituciones financieras, el BBVA, que presuntamente utilizó sus servicios para frenar una opa hostil-, es el momento de que se asuman responsabilidades políticas. Las asumieron el exministro del Interior José Barrionuevo y su segundo Rafael Vera en el caso de los GAL, y fue una losa para el PSOE desde que los policías Amedo y Domínguez fueron descubiertos por sus torpezas. Las mismas que ha cometido la policía patriótica.
El nuevo líder del PP, Pablo Casado, que no es nuevo en la dirección del PP y que también ha utilizado contra Pablo Iglesias la documentación de la policía patriótica no puede permanecer callado ante el espionaje a otro partido, y le empieza a salpicar un asunto que no es tan del pasado. Por lo pronto ha decidido que Fernández Díaz no sea candidato al Parlamento Europeo.
