En el funcionamiento del Estado de derecho se producen a veces disfunciones relacionadas con su principio básico, la separación e independencia de los poderes. Ocurren con más frecuencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo porque se mueven por tiempos y procedimientos distintos. E incluso dentro de ellos la proliferación de organismos e instituciones motiva en ocasiones que las decisiones de algunos de ellos no se conozcan a tiempo y se produzcan algunos incidentes que causan alarma social por aquellos que por su misión constitucional tendrían la misión de evitarla. Es el caso de la excarcelación extemporánea del autor de algunos de los atentados terroristas de ETA más mortíferos en su etapa de integrante del comando Madrid de ETA, Antonio Troitiño.
Troitiño fue excarcelado por la Audiencia Nacional seis años antes de lo que le correspondía. Al terrorista le ha faltado tiempo para poner tierra de por medio y desparecer a pesar de que se han activado los mecanismos, con errores, para tratar de evitarlo. Pero del mismo modo que los tiempos judiciales son más lentos que los políticos las aceradas lenguas de quienes tratan de pescar en río revuelto se mueven más rápido que el cerebro y no se detienen a pensar o a consultar las hemerotecas antes de proferir sus críticas.
El hecho es que Antonio Troitiño ha pasado a formar parte de la nómina de huidos de ETA a los que busca la justicia por huir de ella, como Ignacio de Juana Chaos y Josu Ternera, de los que se pierde y recupera el rastro periódicamente.
Esta circunstancia ha hecho que el debate se sitúe ahora en si la policía debió seguir o no desde el primer momento al 'ciudadano' Troitiño excarcelado, que habría pagado su pena por 22 asesinatos, que habría recuperado todos sus derechos civiles y pasado a ser un hombre libre. Pero su huida demuestra que Troitiño sigue siendo miembro de ETA, que ha utilizado los mecanismos y subterfugios de la banda para huir, que se encontrará en alguno de los pisos franco de la banda y porque no tiene previsto volver ahora que revoca el auto de su libertad en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Las explicaciones que ofreció Pérez Rubalcaba para justificar que no fuera seguido y controlado por la policía son las mismas, palabra por palabra, que dio en su día Mariano Rajoy a cuenta de la huida de Josu Ternera. Es la justificación formal y la correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones, aunque ello implique, como ha ocurrido, la huida de Troitiño, porque no existía requerimiento de la Justicia.
Ocurre, sin embargo que no está claro que el Ministerio del Interior haya perdido el rastro del ahora 'supuesto' etarra, o al menos Rubalcaba ni lo confirmó ni lo desmintió, lo que implicaría que lo han seguido, dejando en agua de borrajas las explicaciones formales del respeto a las decisiones judiciales. Ese sería un pecado menor a ojos de muchos ciudadanos, en cumplimiento de la labor preventiva que también deben realizar las policías.
Rubalcaba tiene un difícil papel y ha quedado expuesto a la crítica fácil, porque ni debe criticar las resoluciones judiciales causantes del embrollo, ni debió ordenar que se vulnerase el Estado de derecho persiguiendo a un terrorista que tuvo unos días -aunque cueste decirlo- 'sus derechos intactos', y por no hacerlo aparece para algunos como responsable de la situación.
