Cualquiera de las excusas que planteen los líderes del secesionismo catalán para justificar sus desplantes o actuaciones viene marcada por esa concepción según la cual democrático es lo que ellos hacen y represión lo que hacen los demás para hacer cumplir la legalidad, que es, sin embargo, la base de la democracia.
La actuación de estos líderes, en este caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del presidente del Parlament, Roger Torrent, es tan inconsistente que un rato le montan el boicot a la recepción del rey Felipe VI, para participar a continuación en la cena de bienvenida, y al día siguiente la alcaldesa participa en la inauguración del Mobile World Congress a su lado.
Previamente claro, ya se había hecho llegar desde Moncloa el aviso de que esta reunión, muy rentable para la ciudad, corría peligro, y el rey no había dejado de significar que era posible por la cooperación de las tres administraciones, central, autonómica y local.
Después del desplante, la alcaldesa habló con el rey, a quien le afeó su falta de empatía tras los sucesos del 1-O que siguieron a la convocatoria de un referéndum ilegal, en el que quienes votaron lo hicieron por el desmembramiento del país, en la que no mostraron, por orden de los dirigente de los partidos secesionistas y de la presidencia de la Generalitat, ninguna empatía con el cumplimiento de la legalidad constitucional y estatutaria.
De la misma forma que tampoco la habían mostrado en todos los grandes momentos previos, y luego con la declaración unilateral de independencia en el Parlament, que en este momento, según las declaraciones de quienes la promovieron, no se sabe si fue real o simbólica, o se tiene una percepción distinta de lo que pasó según se esté en la cárcel o huido, o se tenga más o menos que perder en función de lo que decida un juez.
Que después de montarle encerronas, escraches y caceroladas al rey, la alcaldesa le pida que medie para resolver el conflicto catalán, cuando desde el independentismo se quiere instaurar una república, es un contrasentido más de los muchos que se han producido en los últimos meses. Además de no ser su misión, el rey replicó apelando a su mandato constitucional: “Yo estoy para defender la Constitución y el Estatut".
Pero al día siguiente Ada Colau comprendió que los gestos no son gratis, que los que hace para congraciarse con su parroquia independentista puede tener un alto coste para su ciudad. Una ciudad que en las pasadas elecciones autonómicas votó en un 24% a Ciudadanos, en un 14% al PSC, y en un 5% al PP, frente al 45% de los tres partidos independentistas, mientras que “los comunes” que dirige, lograron el 9,3%. Pero de estos, según el barómetro del CEO -el CIS de la Generalitat-, la inmensa mayoría no son independentistas.
O sea que flaco favor habría hecho a su ciudad si en vez de enmendalla durante el día de ayer, y comportarse como la principal representante de todos los vecinos de la ciudad se hubiera dedicado a sostenella y prolongar el desaire.
En ayuda de la permanencia del MWC en Barcelona han acudido los directivos de las principales empresas de telefonía como el de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, o el de Vodafone, que han mostrado toda la empatía posible con la ciudad.
