El Tribunal Constitucional ha venido a ayudar a que la mortecina legislatura en curso, marcada por la situación política en Cataluña recobre algo de impulso con el debate en Pleno de las proposiciones de ley de la oposición, que el Gobierno ha vetado de forma sistemática con el argumento de su incidencia presupuestaria. De esta manera 62 iniciativas legislativas de la oposición de izquierdas y nacionalista duermen el sueño de los justos por la connivencia entre PP y Ciudadanos ante unas propuestas que en algunos casos suponían anular o modificar las leyes que se aprobaron en la anterior legislatura de mayoría absoluta del PP.
El TC ha cercenado esa estrategia del Gobierno, basada en el artículo 134.6 de la Constitución al fallar a favor de la Mesa del Congreso en el conflicto de atribuciones que planteó el propio Ejecutivo, al considerar que tiene capacidad suficiente para desestimar los vetos del Gobierno cuando considere que no están bien fundados y no afecten a los presupuestos que están en vigor. De esta forma sigue su doctrina habitual y defiende al poder legislativo frente al ejecutivo. La importancia de la sentencia es mayor si sirve para fomentar la cultura política del acuerdo y la negociación, ese paradigma que se suponía que traían los representantes de la nueva política.
La sentencia devuelve al Congreso al centro del debate político, porque ahora será en la Mesa donde los partidos se tendrán que retratar a la hora de justificar los intentos del Gobierno de aparcar determinadas propuestas, se visibilizarán mejor los apoyos con los que cuenta y las razones de la oposición, y se abandonará el automatismo con el que se rechazan las propuestas incómodas por supuestas consecuencias presupuestarias. Así, los gobiernos en minoría acaban de perder uno de sus instrumentos fundamentales para su supervivencia, pero aún le queda otro, el de la ampliación sucesiva de los plazos para presentar enmiendas que hace que muchas propuestas legales duerman en los cajones de las comisiones.
La sentencia del Constitucional es un varapalo para el Gobierno cuyos efectos comenzarán pronto a verse aunque ahora comienza el debate jurídico y político acerca de si se trata de una resolución que afecta solo al caso concreto que el Gobierno recurrió al Alto Tribunal sobre la decisión de la Mesa para impedir la derogación de la LOMCE. En este punto cobra especial importancia la actitud que adopte Ciudadanos, que hasta ahora ha aceptado de forma inmediata los vetos del Gobierno. Ahora el partido liberal deberá decidir, con sus dos representantes en la Mesa del Congreso si apuesta por la regeneración política y apoyan a la oposición en aquellas propuestas que vayan encaminadas a sanear la vida pública y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, o si se mantiene fiel al acuerdo de investidura y protege los intereses del Gobierno. En el momento actual de la relaciones entre ambos partidos es posible que ocurra cualquiera de los dos escenarios, mientras que la oposición también intentará que se retrate.
En cualquier caso, en una decisión adoptada por unanimidad, el TC ha venido a poner freno a la extralimitación del Gobierno que ha abusado de un mecanismo constitucional para su defensa.
