Los partidos independentistas catalanes se cuecen en su propia salsa y mientras tanto dan un respiro al Gobierno de coalición y le permiten no distraer esfuerzos para afrontar la crisis territorial. Con la pandemia del covid-19 desbocada, con la incertidumbre de las consecuencias de la vuelta al colegio y con las primeras negociaciones entre los partidos del Gobierno y lo socios de aluvión que tendrán que poner sus votos a disposición del Ejecutivo par aprobar las cuentas públicas, un descanso en el frente catalán siempre es de agradecer.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su ofrecimiento para que la mesa de diálogo entre ambos gobiernos se reúna en alguna fecha del mes de septiembre. Juega sobre seguro porque el horno catalán no está para esos bollos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, desecha la oferta porque sabe que esas reuniones benefician la táctica más pactista de ERC, y con su horizonte judicial fijado el 17 de septiembre, cuando muy probablemente quedará inhabilitado, se abre un incierto periodo político que comenzará con su respuesta a la sentencia del Supremo, si no es de su conveniencia, y terminará en una convocatoria electoral en Cataluña. Los independentistas no podrán decir que el Gobierno no tiene intención de dialogar, aunque todas las partes conocen la línea roja que esa negociación no puede traspasar, la autodeterminación.
Pero aún hay más, el independentismo representado en los partidos políticos ha entrado en un periodo de fraccionamiento que puede tener para ellos perjudiciales consecuencias electorales si llegan a las urnas sin unos acuerdos previos en el espacio posconvergente. La maniobra de Carles Puigdemont, para hacerse con la marca electoral de Junts per Catalunya (JpC), que hasta ahora estaba en manos del partido heredero de Convergencia , PdeCAT, por la que pleitean en los tribunales, ha provocado un cisma en este último partido que no se resigna a desaparecer absorbido por la nueva formación del expresidente catalán, pero que ha perdido cargos y militantes que se han pasado a las filas dirigidas desde Waterloo. Si a eso se suma la existencia de otros partidos recientes como el Partit Nacionalista de Catalunya, y otra serie de grupúsculos dispuestos a competir en las próximas elecciones, sumados a ERC y la CUP, la fragmentación del espacio soberanista, y la reaparición de un catalanismo moderado, lejos de aunar esfuerzos para conseguir una suficiente masa crítica independentista puede suponer una dispersión del voto que jugará en contra de sus intereses.
La dispersión del voto posconvergente puede beneficiar a ERC que sigue con preocupación todas las maniobras de Puigdemont, que cuenta con Quim Torra para dilatar lo más posible la convocatoria de las elecciones autonómicas y permitir entre tanto la consolidación del JpC.
La derivada de todo este embrollo judicial y partidista, que terminará en las urnas catalanas, es que el Gobierno de coalición no puede contar con los votos de ERC para sacar adelante los Presupuestos, y obliga a negociarlos con el partido de Inés Arrimadas, porque la organización de Oriol Junqueras no condicionará en ningún caso sus expectativas electorales a un acuerdo con el Ejecutivo, y tampoco forzará la reunión de la mesa de diálogo porque no tendría ninguna virtualidad,
