La reunión en La Moncloa de Mariano Rajoy y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los agentes económicos y sociales es el pistoletazo de salida de una forma de relación tripartita que siempre ha dado buenos resultados y que cuando se ha quebrado no ha hecho sino empeorar las condiciones laborales de los trabajadores al romper el equilibrio que proporciona la negociación de los distintos intereses. El mayor ejemplo de esa quiebra ha sido la reforma laboral aprobada la anterior legislatura y sus consecuencias de aumento del empleo, después de alcanzar los niveles de paro más altos jamás registrados, pero en peores condiciones que las precedentes.
En esta legislatura que se dice de la negociación es imprescindible que se retome el diálogo social, porque hay muchos asuntos pendientes que resolver, y los sindicatos y los partidos sino pueden llevar a cabo la enmienda a la totalidad de la derogación de la reforma laboral, sí quieren que se retiren los aspectos más lesivos para los trabajadores. Si es cierto que ya comienzan a verse los brotes verdes de la recuperación, es el momento de que aquellos que han cargado con el mayor peso de la crisis comiencen a ver los frutos de su esfuerzo en forma de subidas salariales, mejora de las condiciones laborales, calidad en el empleo, estabilidad, subida del salario mínimo interprofesional (SMI) –que ya ha comenzado su tramitación en el Congreso sin que el Gobierno pueda pararla para 2018-, reforma del desempleo, la conciliación y la salvaguarda de las pensiones.
En esta ocasión, en lugar de actuar manu militari, el Gobierno se ha decidido por estudiar los cambios que le planteen las patronales y los sindicatos de común acuerdo, para adaptarlos a la nueva situación económica. Esta disposición al diálogo no quiere decir que la negociación vaya a ser fácil. Por lo pronto ya se han dejado sentir las primeras reticencias de Gobierno y patronales a la subida del SMI, que aunque afecta a pocos trabajadores es la base sobre la que se sustentan otros indicadores, y en cuanto a la pensiones, la patronal siempre es contraria a cualquier medida que suponga un incremento de los costes salariales, mientras que el Gobierno mantiene su revalorización del raquítico 0,25% y a la espera de lo que se decida en la Comisión del Pacto de Toledo
Los sindicatos parecen dispuestos a salir del ostracismo en el que han estado sumidos en la pasada legislatura, con poca capacidad de maniobra pero ahora, con el apoyo de los partidos de izquierda en el Congreso, están dispuestos a ‘engrasar’ las negociación con movilizaciones, lo que no presupone que se vaya a convocar una huelga general en un plazo breve, como a algunos partidos les gustaría.
En cualquier caso, todos los procesos de diálogo social son largos y tortuosos dada importancia de los asuntos a acordar. Cierto que como afirma el presidente de la CEOE, Joan Rosell, la crisis no ha terminado y se necesitan otros cuatro o cinco años de crecimiento sostenido, para bajar el paro del 10%, pero si por todas partes se practica la "generosidad, responsabilidad y compromiso", como ha pedido Fátima Báñez, el acuerdo es posible. Al Gobierno le corresponde dar el primer paso con una propuesta sobre el SMI que desvelará su actitud. Pero es dudoso que satisfaga a sindicatos y partidos de izquierda.
