El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, siempre prolífico en declaraciones a los medios de comunicación, armó un pequeño revuelo hace una semana cuando se refirió a los “favores” que debe España a otros países por sus pronunciamientos en contra del proceso independentista catalán y sus consecuencias, las más importantes, la salida de Cataluña de la Unión Europea y de la moneda única. Las gestiones del exministro, que no son más que otro uso diplomático, eso sí, que conviene llevar a cabo con discreción y guardar la debida reserva, originó la protesta del Govern catalán para saber “el precio” de esos favores.
Del mismo modo que la Generalitat ha tratado de internacionalizar el ‘procés’, sin mucho éxito hasta el momento, como se revela por el escaso eco de los viajes y giras internacionales de Carles Puigdemont a organismos internacionales y otros países, el Gobierno de la nación también ha jugado sus bazas con la apelación a los textos constitucionales de la Unión Europea para mantener la unidad territorial. El trauma que ha supuesto el Brexit, ha venido en ayuda de las posiciones del Ejecutivo contra el independentismo catalán, como manifestación de los dos problemas políticos señalados como los más importantes a resolver en el seno de la UE, los populismos y los nacionalismos.
Si a menudo, y a veces de forma inadecuada, se ha señalado que el expediente catalán era un asunto interno de España y se echaba de menos una defensa de mayor enjundia de la integridad territorial de los países que integran la UE -aunque a veces bastaba por cuanto no daba ninguna esperanza a una Cataluña independiente- y no tenía la suficiente contundencia como para que ese eco llegara sin filtros a la ciudadanía catalana, ahora la respuesta europea, llega de forma más nítida y de forma conjunta por parte de los partidos conservadores europeos, en su congreso celebrado en Malta, y no en el marco de encuentros bilaterales. Para Merkel “no hay que poner a prueba el principio de integridad territorial de los países de la UE”; y según el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se trata de decir “alto y claro que los nacionalismos y separatismos que tratan de debilitar la UE son lo opuesto al patriotismo moderno”. Cuando el futuro de la UE está en juego, los partidos conservadores europeos no parecen tener ninguna intención de embarcarse en discutir acerca del futuro de las naciones sin Estado de las que Europa está llena.
La carta de la “premier” Theresa May con la que activaba el Brexit, también ha dado alas al Gobierno de Rajoy y a los partidos políticos nacionales constitucionalistas, para abordar la otra pata del principio de integridad territorial que afecta a nuestro país, la del status de Gibraltar. El hecho de que no se citará este asunto como uno de los prioritarios a tratar entre Gran Bretaña y la UE abre expectativas para una negociación bilateral, dada la peculiar situación en la que van a quedar los habitantes del Peñón y sus empresas. Se está más que al comienzo de un proceso que será muy largo y en el que la posición británica todavía no se ha concretado. Pero en esta ocasión el carácter de colonia de Gibraltar también para la UE quedará más claro que nunca.
