De los últimos nombramientos acordados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), se puede colegir que el Partido Popular no abandona a los suyos. La mayoría del órgano de gobierno de los jueces, 11 sobre 21 vocales, apoyaron el nombramiento de Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con anterioridad el de Enrique López como uno de los dos jueces de la Sala de Apelación del mismo órgano judicial de reciente creación para el que también ha obtenido plaza el juez Eloy Velasco.
Tanto Espejel como López fueron recusados por las acusaciones del "caso Gürtel" por falta de apariencia de imparcialidad dada la vinculación que habían mantenido con el PP. La primera fue vocal del CGPJ a instancias de este partido, y el segundo elevado a magistrado del Tribunal Constitucional, cargo del que tuvo que dimitir por conducir una motocicleta sobrepasando la tasa de alcoholemia permitida y sin casco. Además era pública su vinculación con la fundación FAES, presidida por José María Aznar.
Estas recusaciones son fácilmente comprensibles del mismo modo que lo es la que apartó al juez Pedro Izquierdo, designado para juzgar la pieza política de los ERE en la que están procesados Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras prosperar la petición presentada por el PP y Manos Limpias, porque había sido alto cargo de la Junta de Andalucía con el primero de presidente.
La vinculación de un juez con un partido político en alguna etapa de su vida no tendría que ser un mayor problema si esa circunstancia no se utilizara para medrar porque se toma como base de sus nombramientos la afinidad política con un partido político, en este caso el PP que ni tan siquiera se ha esforzado por disimular en estos casos. El problema sería menor si la propia juez manifestara su decisión de abstenerse de presidir o de participar en los juicios de los casos de corrupción en los que está inmerso el PP, algunos de sus dirigentes y destacados militantes que serán juzgados por la Audiencia Nacional –Gürtel, Púnica, Lezo, Bankia- y presentar la renuncia antes de que pidan su recusación, porque si no, se van a reproducir las mismas dudas sobre su imparcialidad que en el pasado, solo que un escalón más arriba.
Desde su nuevo puesto, la juez Espejel dispondrá de amplias facultades para abocar a pleno -donde los magistrados conservadores son mayoría- las resoluciones que considere oportunas, podrá influir en el reparto de los asuntos y en el señalamiento de los juicios, además de presidir la sección primera. Pero se da una circunstancia más, en el caso de que el fallo de la sala de lo Penal sea recurrido, la encargada de la revisión del fallo será la sala de Apelaciones y ahí está el magistrado Enrique López. ¿Casualidad o maniobra orquestada?
Son este tipo de nombramientos los que hacen que cualquier declaración rimbombante realizada por el PP o por el Gobierno sobre la independencia de la justicia haya que ponerla entre paréntesis, y en este caso contribuyen a aumentar la polémica generada por las designaciones del fiscal general del Estado y del fiscal jefe anticorrupción recientemente recusados por el pleno del Congreso. El Gobierno ha dicho ayer que no comenta el nombramiento de Espejel para preservar la independencia del CGPJ. ¿De verdad?
