Fue el propio expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González quien dijo que no ponía la mano en el fuego ni por él mismo, y cuánta razón llevaba. Sin embargo, a raíz de la "operación Lezo", ha obligado a hacerlo al propio presidente del Gobierno y a los ministros de Justicia e Interior para defender al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, y al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por sus movimientos en torno a este asunto, que constituye un nuevo episodio de una trama corrupta liderada por un prominente miembro del Partido Popular, que ya se ha llevado por delante el futuro político de Esperanza Aguirre y deja en situación delicada a quienes han aparecido alrededor de ella.
El presidente del Gobierno ha avalado la actuación del fiscal Moix y ha declarado sentirse satisfecho con el desempeño de su trabajo. También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado que cuenta con toda la confianza de Mariano Rajoy pese al episodio del sms a Ignacio González, y José Ignacio Zoido ha puesto la mano en el fuego por su secretario de Estado de Seguridad, quien mantuvo una reunión ‘protocolaria’ en su despacho con Pablo González, también encarcelado por la "operación Lezo".
Tanta defensa cerrada mutua hace presagiar que de este fuego de campamento nadie va a salir quemado, que nadie va a volverse a cobrar otra pieza de "caza mayor" por la corrupción como en el caso del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pero algunos si pueden ver sus ropas chamuscadas, porque tanto sobre Moix, como sobre Nieto, a pesar de sus explicaciones "convincentes" a juicio del Gobierno, no se ha dicho la última palabra, porque se mantiene la sospecha de que los principales implicados en la "operación Lezo" contaban con información privilegiada y trataron de frenar o conocer las investigaciones recurriendo a sus contactos en la judicatura y la policía de las que habrían recibido “chivatazos” . Unas "conjeturas" sobre las que ni el juez ni los fiscales del caso pueden avanzar porque, por el momento, carecen de pruebas fehacientes.
Como cada cual es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, el jefe del Ejecutivo no quiso responder, en la sesión de control al Gobierno de ayer a ninguna de las alusiones sobre los casos de corrupción que afectan a su partido. Cualquier palabra puede resultar inoportuna según los derroteros que tomen las investigaciones y por tanto mejor recurrir a los lugares comunes habituales en este trámite parlamentario y convertirlo en sesión de control a la oposición y de loa a las iniciativas adoptadas.
Pero mientras Mariano Rajoy afirmaba que su gobierno es el que más y mejor ha luchado contra la corrupción, un juzgado de la capital incoaba diligencias previas sobre la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en su etapa de miembro del Consejo de Administración de Mercamadrid -en el que también estaba Pablo González-, por un presunto daño patrimonial de once millones de euros, y volvían a la palestra datos sobre la presunta financiación irregular del PP nacional por parte del madrileño para campañas electorales nacionales. El PP parece instalado sobre una turbera que arde subterráneamente y que de cuando en cuando se manifiesta en el exterior. Para poner las manos.
