El consejo de ministros extraordinario abordará hoy la puesta en marcha del laudo de obligado cumplimiento que tendrá como objetivo poner fin al conflicto de los trabajadores de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat, minimizado tras el despliegue de la Guardia Civil, aunque el problema de fondo de sus reivindicaciones salariales y laborales sigue sin resolverse.
Los ministros del Gobierno estaban prevenidos para estar en Madrid hoy, día 16, pero no para abordar la solución drástica de un problema laboral sino para una cuestión bien diferente como dar una respuesta inmediata en el caso de que la Mesa del Parlament catalán admitiera a trámite el debate de la ley del Referéndum, una decisión que de manera inmediata sería recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Este hecho, en efecto, marcaría un punto de no retorno en el procés soberanista porque de los anuncios, presentaciones, actos propagandísticos y firmas conjuntas se daría paso al primero de los actos con relevancia jurídica en esta última parte del desafío soberanista que implica poner en marcha todos los mecanismos para preparar el enfrentamiento en todos los órdenes entre la legalidad democrática y la legitimidad parlamentaria en la que se escudan los partidos independentistas, que ya han anunciado la desobediencia de las decisiones judiciales que pudieran entorpecer la celebración del referéndum de autodeterminación.
Sin embargo, parece que no será hoy cuando la Mesa del Parlament dé el primer paso de decisión por cuanto Junts pel Sí y la CUP siguen estudiando la forma en la que se debatirá esa ley y cuáles serán algunos de sus puntos esenciales relacionados con la participación, que los segundos quieren que, una vez puestas las urnas, la decisión de la desconexión o la permanencia se adopte sobre el número de votos emitidos sin mayores cortapisas, aunque una baja participación restaría legitimidad al proceso. Tampoco hay acuerdo entre ellos sobre cuándo debe aprobarse la ley de Transitoriedad, si antes o después del referéndum.
Y mientras las dudas, presiones y recelos entre unos y otros se acentúan en Cataluña, desde el Gobierno central les han hecho llegar a los partidos independentistas dos malas noticias. La primera que no está prevista la utilización del artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía de Cataluña, por la que han abogado quienes quieren acabar por las bravas con este episodio soberanista, que supondría un triunfo de los victimistas; y la segunda, que la respuesta será proporcional a la evolución del desafío con un componente sobre todo económico, como el que ya se ha puesto en marcha, apretando el dogal de la financiación hasta dejar sumamente controlada cualquier actividad económica del Govern.
Pero las adversidades para la celebración de un referéndum también llegan desde los propios organizadores del ‘procés’, si lo que pretenden es que tenga visos de legalidad y legitimidad de cara al exterior. Aunque la CUP afirma que el Govern ya cuenta con las urnas y el censo electoral para la votación, ya apenas quedan 45 días para la consulta, en la que es necesario habilitar centros de votación, que aún no se conocen, no se ha activado la posibilidad del voto por correo, la designación de interventores… En fin, que todos los procesos burocráticos que se activaron ante la consulta del 9-N llevan retraso significativo con respecto al referéndum del 1-O.
