En torno al nombramiento y las valoraciones de las actuaciones del fiscal general del Estado suele darse uno de los ejercicios de hipocresía más destacado de la actividad política, como ha quedado de manifiesto no solo con la dimisión de Eduardo Torres-Dulce sino con las polémicas generadas en torno a muchos de sus predecesores.
Sí, en efecto, Torres-Dulce ha dimitido como consecuencia de las presiones recibidas por su actuación en algunos casos o de los desencuentros con las posiciones que le hubiera gustado al Gobierno que defendiera en casos de singular relevancia, bien porque afectaban directamente al PP, bien por la situación creada en torno a la contradicciones sobre las indicaciones que ha debido vivir en torno al proceso del 9-N. Queda de manifiesto que aquellos que se hacen lenguas sobre el respeto a su ‘independencia’ no se creen lo que están diciendo y añoran lo que siempre ha ocurrido con respecto al fiscal general del Estado, que se trata de un nombramiento del Gobierno para llevar a cabo su política criminal y cuyo marco de actuación está delimitado por las funciones y principios establecidos en la Constitución y en el Estatuto Fiscal. Apréciese que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser preguntada por la dimisión del fiscal y el nombramiento de su sucesora, Consuelo Madrigal, ha hablado de la “autonomía” del fiscal general y no de su “independencia”. Y entre un concepto y otro media mucha distancia.
Es igualmente un gesto de hipocresía que en la marcha de Torres-Dulce la oposición haya querido ver un ataque del Ejecutivo a la separación de poderes cuando tiene acreditada actuaciones similares de presión o instrucciones a los fiscales generales y ejemplos hay en las hemerotecas para dar y tomar. Y cuando se han puesto de acuerdo en el reparto del CGPJ. Se da la circunstancia de que tanto el gobierno del PP como en uno del PSOE se han visto sorprendidos por la actuación de los fiscales generales cuando estos han llevado hasta las últimas consecuencias su “independencia”. En su descargo es preciso señalar que con su firmeza han logrado que algunos de esos casos delicados hayan acabado con condenas ejemplarizantes o se sigan instruyendo con duras peticiones de sanción por parte del fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno ha pedido que no se prejuzgue la labor de Consuelo Madrigal o su cercanía al Gobierno antes de que comience a realizar su trabajo después de los trámites pendientes, pero su antecesor ha dejado marcado el terreno de juego en el que él ha desempeñado su función y que finalmente le ha llevado a la dimisión o cese encubierto: “No se me puede acusar de ser un fiscal proclive al Gobierno”. “No tolero nunca que el gobierno me diga lo que tengo que hacer”. Todo un aviso a navegantes y lo que convirtió a Torres-Dulce en un fiscal incómodo.
En lugar de hipocresía, la práctica política está necesitada de verdad. Los gobiernos aparentan que quieren un fiscal general independiente pero lo que desean realmente es un funcionario obediente a su servicio.
