Es la hora de los expertos juristas que están enfrentados en su debate académico-político sobre la constitucionalidad de una posible ley de amnistía, de la que se beneficiarían todos aquellos que aún tienen cuentas pendientes con la justicia relacionadas con el “procés” independentista, y quienes fueron juzgados e indultados pero que aún tienen por cumplir las penas de inhabilitación a las que fueron condenados. Los argumentos de unos y otros son tan enconados como los que mantienen los partidos políticos partidarios y detractores de esa medida que puede llevar a Pedro Sánchez a mantenerse en La Moncloa, porque es el precio que le exigen ERC y sobre todo Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont.
Ante la necesidad del apoyo del independentismo catalán, para que pueda reeditarse un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, puede darse por hecho que se encontrará alguna fórmula que satisfaga a ambas partes, a aquellos que quieren la desjudicialización de la vida política en Cataluña y la de quienes quieren ver saldadas sus cuentas con la justicia. En todo caso, quedará por determinar cuál es el coste que una amnistía tendrá para el sistema democrático español y su reputación, toda vez que una vez conseguida la exoneración de sus delitos, todos los exculpados sentirán que sus esfuerzos por conseguir la independencia de Cataluña no han sido en vano, que son los héroes que vuelven a la vida civil sin mácula. que llevaban razón cuando afirmaban que eran perseguidos no por sus delitos sino por sus ideas, que España no es una democracia plena y acentuarán todos los ataques que han proferido a lo largo de los últimos años, obviando que han sido ellos los que se han saltado la legalidad, y han interpretado derechos fundamentales a beneficio de parte sin que nadie más comparta sus consideraciones.
Al minuto siguiente de que se aplique una hipotética ley de amnistía, o como quiera que vaya a llamarse, comenzarán a escucharse las voces que repetirán “lo volveremos a hacer”, que renovarán la amenaza de iniciar un nuevo proceso soberanista, porque al independentismo irredento le quedará por lograr otro paso, la consecución de un referéndum de autodeterminación pactado, que va más allá de lo que pueda acordarse en la mesa de diálogo entre el Gobierno de la nación y el Govern catalán, que siempre tendrá un carácter autonomista. El PSOE, al menos, se ha comprometido a no traspasar esa línea roja.
Dado que ya está instalada la negociación de la amnistía tanto en el ámbito jurídico como político y aunque se haya echado un manto de silencio sobre las conversaciones, en algún momento habrá que saber qué es lo que están dispuestos a ceder los independentistas en este trance, el quid pro quo de cualquier acuerdo, porque si no hay ningún compromiso por su parte será un trágala que Pedro Sánchez tendrá dificultades para explicar. Se trata de saber si con la amnistía solo está en juego la formación de un gobierno que estará marcado por la inseguridad y la inestabilidad, o si se está ante una maniobra que permitirá la normalización de la vida política catalana para unos cuantos años, con el riesgo que entraña para el independentismo a tenor de lo que ha ocurrido con los indultos y las reformas del código penal que lejos de pasar factura a los socialistas los ha llevado a ganar las elecciones en Cataluña y a que se dé la paradoja de que cuanto menos apoyo popular tienen mayor sea su capacidad de influencia política.
