La imagen de los carros de combate del Ejército recorriendo la Diagonal de Barcelona es la que cada vez menos secretamente les gustaría algunos de los dirigentes del desafío independentista catalán. El portavoz parlamentario de PDCAT, Francesc Homs parece que deseara que eso ocurriera, pero no se va a producir en ningún caso porque los recursos de que dispone un Estado de Derecho para hacer cumplir las leyes a quienes se las saltan son otros.
La reacción de Homs, unida a la de Jordi Turull o a la de la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, al auto del Tribunal Constitucional por el que se suspende la hoja de ruta aprobada por el Parlament catalán el pasado 6 de octubre, en la que se prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación el próximo mes de septiembre –o antes según el criterio de Oriol Junqueras de reaccionar a lo que considera agresiones del Gobierno central-, supone un paso más en el rumbo de colisión que han puesto los independentistas con el Estado para lograr la independencia, mediante la desobediencia de cualquier decisión judicial que emane del TC, como ya habían anunciado.
Las decisiones judiciales tiene su propio tempo que no coincide con los tiempos políticos y en este caso el auto del TC llega en un momento inoportuno, por cuanto no ha dado tiempo a que se ponga en marcha la ‘operación diálogo’ que preconiza el Gobierno con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría de encargada de llevarla a cabo. Pero de la misma forma que dos no pelean si uno no quiere, dos no dialogan si uno se cierra en banda a cualquier posibilidad de acuerdo porque su horizonte es la celebración de un referéndum, que además quiere que sea la base del nuevo Estado y del reconocimiento internacional, a pesar de saltarse la legalidad española.
Mientras se da respuesta judicial a los desafíos que proceden de las instituciones catalanas, que hacen imposible que se rebaje la tensión en este aspecto, el Gobierno, sin embargo, no puede ni debe renunciar a mantener un diálogo político que debe tener por finalidad evitar que el Ejecutivo catalán acabe sacando las urnas a la calle. El empeño no es fácil dado el empecinamiento del presidente catalán y sus socios parlamentarios para la ocasión de “referéndum o referéndum”, bien acordado con el Gobierno central –un desiderátum imposible-, o ilegal, como fue la pseudoconsulta del 9-N de 2014. En aquella ocasión el Ejecutivo consintió que se colocaran las urnas, lo que no quiere decir, a la vista de las consecuencias de aquella decisión, que ahora volviera a ocurrir lo mismo a pesar de ser nuevamente una consulta sin ninguna validez y consecuencias jurídicas.
El inmovilismo de los independentistas juega en contra de cualquier posibilidad de solución acordada y ante este escenario, que no tiene visos de cambiar, es al Gobierno al que le corresponde arbitrar las medidas necesarias para evitar el referéndum. Aún quedan muchas resoluciones judiciales por dictarse en las que están implicados quienes promovieron el 9-N, y la actual presidenta del Parlament, con lo que la tensión va ir in crescendo. El momento del punto de no retorno lo marcarán los independentistas. Pero, para hacerles retroceder en su propósito, el único instrumento que no se utilizara serán los tanques
