Las negociaciones entre JxCat, la lista de Carles Puigdemont, y ERC llegan a término con la elección del candidato a la investidura, el reparto de consejerías y, lo más importante, y lo que menos se conoce, la hoja de ruta que quiere aplicar el próximo Gobierno catalán durante la legislatura. Tras las declaraciones ante el juez de todos los investigados por los delitos relacionados con el intento de secesión de Cataluña y la asunción de la ficción simbólica de la declaración de independencia, la hoja de ruta no podría ser otra que la de la vuelta a la legalidad en el sentido más amplio del término.
Sin embargo, hay que temerse lo peor y pensar que no será así, que de una u otra forma pretenderán no solo insistir en la legitimidad del expresidente Carles Puigddemont, que estará rodeado de un Consejo de la República en Waterloo, y al que “coronarán” en un acto simbólico en Bélgica una vez que se selle el acuerdo definitivo entre ambas formaciones, sino intentar levantar las estructuras de Estado que reconocieron no haber podido tener dispuestas cuando se realizó la Declaración Unilateral de Independencia, comenzando de nuevo por la reapertura de las “embajadas” de Cataluña en distintos países que fueron cerradas en aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervino la autonomía catalana.
Que la intervención a través de ese mecanismo quede suprimida no quiere decir que no puedan mantenerse la que ya estaba en marcha con anterioridad sobre la hacienda catalana, incluso con mayores esfuerzos, para evitar que se destinen fondos a actividades o iniciativas que puedan ser utilizadas para volver a socavar los cimientos del Estado, dado que los independentistas parecen dispuestos a mantener la estrategia de la tensión, ante la que no cabe ningún desestimiento.
La elección del “número dos” de la lista de Puigdemont y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, encarcelado y procesado, y camino de la inhabilitación, como candidato a presidir la Generalitat, no parece que vaya en la dirección de lograr que Cataluña cuente con un Govern efectivo desde el primer momento, y eso teniendo en cuenta que aún se acuerde de sus palabras cuando afirmó que abandonaría su escaño si su partido insistía en la vía unilateral a la independencia, una estrategia quizá que intentó para salir de prisión, pero que no podrá esgrimir si quiere contar con el apoyo de la CUP para dirigir el Govern… desde la cárcel. Pero previamente tendría que salir de Estremera y sentarse en su escaño para la sesión de investidura, algo que el juez Llarena no parece dispuesto a autorizar ante el riesgo de reiteración delictiva.
Con poca profundización política pero de forma clara, el líder de Ciudadanos considera que esa candidatura es “para seguir liándola”, lo que obligará a una vigilancia especial del Gobierno de la nación y de los grupos constitucionalistas del Parlament para recurrir a la justicia cada paso que mantenga la deriva secesionista o vulnere los derechos de un grupo de diputados.
La hoja de ruta que los independentistas han de elaborar como marco de la acción del próximo gobierno catalán y en la que han de estar de acuerdo las tres formaciones, darán la idea del futuro que espera a los catalanes y al resto de los españoles. Y dará la medida de hasta dónde quieren llegar en un nuevo desafío.
