Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea y de ocho de los diez países árabes ribereños del Mediterráneo debieron quedarse sorprendidos por los discursos de bienvenida que escucharon el pasado lunes durante su reunión informal, por boca del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Unos, quizá, porque no entendían muy bien lo que estaba ocurriendo y se preguntarían por qué dos políticos del mismo país hablaban de distintas realidades nacionales, pese a encontrare en el mismo territorio. Y los que sí sabían de que iba la cosa, quizá no pudieron reprimir una mueca irónica porque los dos mandatarios hubieran elegido ese foro, en el que se iban a abordar cuestiones trascendentes para la seguridad de todos los países concernidos, para afilar su verbo y lanzarse puyas apoyadas en referencias históricas y culturales para demostrar que lo que uno entiende como elemento diferenciador para otro es motivo de integración.
En cualquier caso, Artur Mas dio un nuevo ejemplo de descortesía para defender su proceso soberanista, que quiere anclado en la Unión Europea, y Rajoy le respondió donde más le duele, subrayando la españolidad de Cataluña y de su capital mediterránea. Si Barcelona es la sede de la Unión por el Mediterráneo, y de su predecesor, el Proceso de Barcelona, como proyecto compartido por toda la Unión Europea es por la decisión del Gobierno de la nación cuando en La Moncloa y en la Generalitat coincidieron presidentes socialistas y cuando al proceso soberanista todavía ni se le esperaba. Tras su diatribas ambos ocuparon su lugar y una vez más no hubo nada.
La reunión de Barcelona fue también ocasión propicia para la reunión de los ministros de Exteriores de España y de Marruecos que sirvió para limar los contenciosos que habían surgido en los últimos días como consecuencia del fallido rescate de los espeleólogos españoles en el Atlas, y de la decisión del todavía juez en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de procesar a once altos cargos marroquíes por genocidio en el Sáhara. Puede concluirse que es un avance que estas discrepancias se hayan situado en el espacio judicial, en el que se han de determinar las responsabilidades por parte de Marruecos en la tragedia del Atlas, y sobre todo que el Gobierno magrebí ha- ya aceptado que la separación de poderes y la inde- pendencia de la justicia imperante en nuestro país hace inevitable el procesamiento de quien considera culpables de un delito de lesa humanidad. Pero más allá de esas tablas diplomáticas se ha apreciado una cierta soberbia del representante marroquí que debiera haber sido objeto de alguna reacción más firme por parte española.
Pero estos dos casos no son sino una nota a pie de página con respecto a los asuntos que realmente importan a ambos países a corto plazo: a Marruecos, el voto de España en el Consejo de Seguridad con respecto a la permanencia de la Minurso, la misión de Naciones Unidas para el Sáhara, que ha de votarse próximamente,y con la que quiere acabar el gobierno de Mohamed VI; y para España el fortalecimiento de la colaboración en la prevención de la inmigración irregular y la colaboración en la lucha contra el terro- rismo yihadista en las porosas fronteras existentes entre las ciudades españolas en el norte de África y el territorio marroquí que las circunda, junto con la extensión de estos movimientos terroristas por los países vecinos de Marruecos.
