Uno de los riesgos de cualquier Estado de derecho es que alguno de sus instrumentos considere que tiene la autonomía suficiente como para realizar actuaciones sin consentimiento de sus responsables políticos hasta el punto de pretender organizar un chiringuito al margen de la ley y del control político. Todo Estado tiene sus cloacas, y son aceptable si sus actuaciones están controladas judicial y políticamente y tienen como objeto salvaguardar la seguridad nacional y no intereses particulares.
Hasta hace un tiempo, y tras la nefasta experiencia de la ‘guerra sucia’ contra ETA, parecía que se había inoculado una vacuna contra este tipo de prácticas y que no volverían a ocurrir, pero a la luz de las últimas revelaciones de destacados funcionarios policiales algo vuelve a oler a podrido en las actuaciones de algunos de ellos que, afortunadamente, ya están apartados de sus cargos.
La existencia de una ‘policía patriótica’ destinada a sacar por la puerta de atrás, vía rumor o bulo, trapos sucios de los dirigentes independentistas catalanes; la filtración de las conversaciones mantenidas entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exjefe de la Agencia Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, en el despacho del primero; sumadas a las declaraciones del exjefe operativo de la policía, Eugenio Pino, sobre dos asuntos que han sido ya juzgados, los atentados del 11-M y el ‘caso Faisán’, y otro que aún escuece y que está en plena investigación ahora mismo como es el ‘caso Marta del Castillo’ cuyo cuerpo está siendo nuevamente buscado en el río Guadalquivir; o la aparición por sorpresa de un nueva prueba- un pendrive- relacionado con todo el ‘caso Pujol’ que puede desvirtuar la investigación llevada a cabo hasta ahora, son asuntos que vuelven a arrojar dudas y a sembrar desconcierto sobre la adecuación a la legalidad de determinadas investigaciones policiales realizadas con fines espurios.
Los grupos parlamentarios han decidido poner ya en marcha la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios de Interior para perseguir a políticos independentistas, una vez pasada la convalecencia de Fernández Díaz de una operación, el mismo día en que su sucesor el juez Juan Ignacio Zoido, pedía que le entreguen los tres informes a los que se ha referido el ‘ex número dos’ de la Policía y que no aparecen por ningún lado. Si ya era anómalo que se hubieran realizado, más lo es que hayan desaparecido, en especial si los responsables políticos de la Policía no tenían constancia de esas investigaciones sobre causas juzgadas. Y si habían sido encargados de forma oficial existe la obligación de hacerlos públicos, sobre todo porque las familias de las víctimas del 11-M –y la sociedad entera- tienen derecho a saber qué es lo que han averiguado de nuevo, sobre todo para que se dejen de alimentar las teorías conspiratorias y cerrar de una vez, si es posible, un asunto tan doloroso.
Al ministro del Interior y a los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde velar porque no se reproduzca la tentación de algunos mandos policiales de actuar de forma autónoma y al margen del control político que debe orientarse a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos sin un uso interesado que pueda cuestionar su sometimiento a las leyes.
