Si hay una cuestión en la que están todos los presidentes autonómicos es en reclamar más fondos para hacer frente a la pandemia del covid-19, en unos casos un mejor reparto de los 2.000 millones del fondo para educación, mientras otros se quejan de que los fondos europeos no lleguen hasta, al menos, la primavera del próximo año, y en definitiva reclaman una mejor financiación autonómica, otra de las asignaturas pendientes desde el Gobierno de Mariano Rajoy, y que las tiene maniatadas.
De la conferencia de presidentes celebrada para preparar la vuelta al colegio -siempre con la sensación de que se llega tarde-, ha salido el mensaje del Gobierno de que ninguna comunidad autónoma decida el cierre de los colegios sin coordinarse con el Ministerio de Sanidad, porque la medida puede ser contraproducente a la hora de controlar la expansión de los contagios. Pedro Sánchez ha pedido también mayor coordinación entre los propios gobiernos regionales, por la "preocupante asimetría territorial" en la incidencia de la pandemia. Pero a corto plazo, la mayor preocupación de todos los gobiernos es hacer de los centros educativos lugares seguros que no se conviertan en focos de extensión de los contagios.
Esa es una posibilidad cierta para la que es necesario tener preparadas una batería de soluciones que pasan por las respuestas a las preocupaciones de los padres en los planos educativo, sanitario y económico, si se tiene en consideración que la apuesta es por la presencia de los niños en el colegio, porque aún están por resolverse asuntos esenciales como la extensión de los ERTE, o la forma en la que se abordará la retribución de los padres cuando deban quedarse a cuidar a un hijo afectado por el covid-19 o en cuarentena, como han señalado algunos presidentes autonómicos, que han aprovechado la reunión con el jefe del Ejecutivo y tres ministros, entre los que no se encontraba la titular de Educación, para exponerle unas preocupaciones que van más allá de la vuelta al colegio.
Cuando la vuelta a clase se produzca de forma generalizada será el momento de comprobar si las medidas acordadas la semana pasada tienen eficacia, y permitirán comprobar sobre el terreno quien ha cumplido los compromisos contraídos, sin olvidar que no se puede relajar la responsabilidad individual para evitar los contagios. Será la prueba de fuego. En Francia, con una menor incidencia de la pandemia que en España y con mayor número de colegios se han visto obligados a cerrar una veintena de ellos por la proliferación de casos.
De forma paralela a la reunión de los presidentes autonómicos con el Gobierno, desde la Comunidad de Madrid se daban a conocer las nuevas medidas para hacer frente a la extensión del coronavirus, dado que es en esta región donde se han registrado más del treinta por ciento de los nuevos casos de la segunda ola de la infección, y que suponen limitaciones en el derecho de reunión, a la actividad económica y de culto, que se suman a las restricciones adoptadas con carácter general -prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería, entre otras- que fueron validadas judicialmente. Unas nuevas medidas necesarias que reflejan que donde la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, veía persecución y fijación del Gobierno con su región, había motivos serios de preocupación.
