La decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de revisar la ley de tasas es un ejemplo más de lo que suele ser tan frecuente en quienes ejercen el poder, sea cual sea el color del gobierno al que pertenecen: que aciertan cuando rectifican. Pero por el camino se dejan pelos en la gatera, se provoca indignación y frustración y queda demostrado que muchas de esas iniciativas fueron, sino ocurrencias, cuestiones mal pensadas o mal planteadas en su momento, o fueron promesas electorales lanzadas con el fin de captar votos de determinados grupos sociales pero que no había intención de cumplir. O lo que es peor, que no se ha sabido hacerlo.
El Gobierno no solo ha incumplido, en los términos prometidos, sus principales objetivos respecto a la reducción el paro o la bajada de impuestos, sino que tampoco ha cumplido parte de la letra pequeña, o no tan pequeña, de su contrato electoral. Tomemos tres ejemplos, los retos pendientes del ministro de Justicia, el fracaso del IVA de caja o la ley de mecenazgo.
Tanto tiempo ha gastado el dimitido Ruiz-Gallardón en la nonata ley del aborto y en tantos proyectos para reformar la justicia en sus aspectos más polémicos, por su carácter ideológico, que se ha dejado sin hacer lo realmente importante, la puesta en marcha del Código Procesal Penal, que es la clave para agilizar el funcionamiento de la justicia. Rafael Catalá bastante labor tendrá para restablecer las relaciones con todos los estamentos de la justicia con los que Gallardón se ha enfrentado con sus propuestas, que se encuentran en los cajones de distintas instituciones con escasas posibilidades de ser aprobadas en esta legislatura.
Rectificación significativa igualmente la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que a la vista del fracaso que ha supuesto la implantación del IVA de caja, para que los autónomos paguen este impuesto después de haber cobrado las facturas, tiene que revisar, en el marco de la reforma tributaria que se debate en el Congreso, un procedimiento al que solo se han podido acoger el 0,01% de los más de dos millones de pyme. Así, un mecanismo que Montoro presentó como el definitivo para dar cumplimiento a una de las reivindicaciones fundamentales de estos empresarios para favorecer la liquidez de sus empresas –el problema fundamental que han tenido para sobrellevar la crisis-, se ha demostrado ineficaz tal y como le habían advertido que iba a ocurrir por las dificultades para acogerse a él. Además de que se puso en marcha en la tardía Ley de Emprendedores.
También a la reforma fiscal ha remitido Montoro lo que iba a ser uno de los proyectos estrella del departamento que dirige José Ignacio Wert, la Ley de Participación Social y Mecenazgo, que tampoco verá la luz, de tal forma que una norma que se pretendía que fuera un instrumento similar al existente en otros países queda reducido a una serie de beneficios fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, con la consiguiente frustración entre los gestores culturales.
Los portavoces del Gobierno podrán decir que tratar de resolver la crisis les ha llevado tanto tiempo que no han tenido tiempo para otras cosas. Pero la reforma de la justicia, el IVA de caja y la ley de mecenazgo también iban a contribuir a ello. Y no ha sido así.
