La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en que a partir del mes de septiembre su partido y el Gobierno van a dinamizar la agenda de regeneración democrática en dos puntos básicos, la reducción de los políticos aforados y la elección directa de alcaldes, que junto con la entrada en vigor a partir del próximo año de la Ley de Transparencia deben convertirse en una vacuna contra la desafección ciudadana hacia la política, y en un revulsivo con el que frenar a las nuevas formaciones y coaliciones que amenazan su predominio.
Nada que objetar a la disminución de políticos aforados y que esta figura quede solo para los asuntos relacionados con su actividad, mientras que los delitos comunes pasan a ser vistos por el juez predeterminado por la ley. Muchos políticos aforados, no sin cierto cinismo, claman porque les imputen cuanto antes para así poder defenderse mejor ante el juez instructor, y añaden a su queja que el aforamiento les resta capacidad de recurrir a un tribunal superior. Reducir esta figura a los asuntos de responsabilidad política supondría un alivio en la carga de trabajo de los tribunales superiores, porque la mayor parte de los procesos tiene que ver con declaraciones o actuaciones que precisamente quedan amparadas por el ejercicio de su función y no son admitidas a trámite. Sobre el carácter "común" de los delitos relacionados con la corrupción política no hay ninguna duda. Ahora bien, para predicar la regeneración política en este ámbito hace falta cierto predicamento moral, que no exhibe ninguno de los grandes partidos. El PP tendría que “coger la escoba y barrer su casa” como le recomendó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien a su vez no termina de ver la viga que tiene en su ojo en forma de ERE fraudulentos y fraude en cursos de formación en Andalucía. Cataluña, con el caso Pujol en marcha, merece mención aparte.
Asunto bien distinto es el de la elección directa de alcaldes que preconiza Rajoy y su partido bajo la premisa de que es lo que demanda la ciudadanía: que gobierne la lista más votada. Sin embargo, no es eso lo que dice el CIS, ni los dirigentes del resto de los partidos. Esa es la posición de Pedro Sánchez, que le dijo a Rajoy en su primera entrevista que ni ahora ni nunca iba a pactar esa reforma de la ley electoral. El resto de los partidos apuestan también por una ley que recoja una mayor proporcionalidad en la representación política. Es decir, frente al 30% de votos que obtendría el PP se sitúan el 49% de los votantes del PSOE, Podemos, IU y UPyD, más los nacionalistas moderados. Por el contrario, ERC y Bildu estarían encantados con una medida que les evitaría ser desbancados por pactos poselectorales.
El PP no ha concretado aún que sistema y que condiciones quiere imponer para que gobierne la lista más votada, que darán la medida de la calidad democrática de la propuesta, pero ya está dejando caer que hará la reforma, con consenso o sin él, en uso de su mayoría absoluta parlamentaria. Sería una medida que lejos de suponer una muestra de regeneración democrática lo sería de reacción interesada ante la posibilidad cierta de que los pactos poselectorales reduzcan su poder municipal y autonómico.
