Cuando se habla de regeneración democrática en relación con la Justicia las primeras cuestiones que saltan a la palestra son el modo de elección del órgano de gobierno de los jueces que se asocia con su politización, su ineficacia en la lucha contra la corrupción y la necesidad de restringir el número de políticos, jueces y fiscales que gozan de aforamiento.
En una serie de entrevistas realizadas por el diario El País, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han abordado estos asuntos con grandes coincidencias y algunas discrepancias en el diagnóstico de las medidas necesarias para mejorar la administración de justicia en estos aspectos.
Las palabras el presidente del Tribunal Supremo sobre la elección de los vocales del Poder Judicial son significativas al subrayar que esta “no recae en los políticos, sino en el Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional. Frente al Parlamento ¿cuál es la alternativa? ¿Una corporación profesional? ¿El Colegio de Abogados? Los ciudadanos dirán todos no. No creo que la corporación vaya a acertar más o que sea mejor que el Parlamento, y desde luego lo que no tiene es más legitimidad. Es mejor el Parlamento porque ahí estamos representados todos… Es un problema de ejercicio, no de origen. No deslegitimemos al Parlamento”. Esta consideración no habrá gustado nada a quienes apuestan con meridiano interés ideológico por la elección de los vocales por los jueces, recubriéndola de un manto de independencia. El juez Gómez Bermúdez discrepa de Carlos Lesmes y preferiría una elección directa pero sin que los jueces oculten su afinidad política. “Quien no quiera pagar ese precio que no aspire al cargo”, afirma el juez del 11-M.
Lesmes, Bermúdez y Torres-Dulce sí coinciden en señalar que para acabar con la corrupción política y económica es necesaria una mayor exigencia en los controles internos y externos sobre las actividades de las instituciones y las empresas, porque se trata de una respuesta más eficaz que la acción penal con todos sus condicionantes de dilación por falta de medios para actuar con rapidez -“la ley no basta si el procedimiento no dispone de los medios necesarios”, recuerda el fiscal general-, sin olvidar que la prevención contra la corrupción a todos los niveles tiene mucho que ver con la ética personal y la educación que acabe con el “clima social” de permisividad respecto a ciertas corruptelas que luego se traslada a otros ámbitos.
Por su parte, el ministro de Justicia propone pasar de 17.621 aforados existentes a tan solo 22. Como propuesta no está mal, pero se trata de un brindis al sol que choca con la realidad puesto que esa reducción supondría que, para excluir del fuero a una mínima parte, ministros y diputados y senadores, es precisa una reforma constitucional de la que su propio partido y el Gobierno no quieren hablar. Sin embargo, el proceso se podría poner en marcha con reformas de leyes orgánicas y autonómicas. En su mano está.
En fin, en las declaraciones de los principales responsables de justicia subyacen dos consideraciones: que las leyes existentes son suficientes para luchar contra la corrupción y que es la falta de medios la causa de su ineficacia a corto plazo.
