Una de las reacciones más interesantes a los sucesos de las uvas de la ira de fin de año, en los que varios centenares de personas participaron en el apaleamiento y el ahorcamiento de un muñeco que representaba al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido la del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que ha condenado los hechos con el aval moral que le da haberlo hecho antes y de forma inmediata cuando fue la presidenta Isabel Díaz Ayuso o el líder de Vox, Santiago Abascal, quienes sufrieron el mismo escarnio público. Lo hace con un argumento de peso con el que llama a parar estas manifestaciones execrables de crispación política: “Antes de la violencia siempre hay palabras, antes de la violencia, siempre hay gestos”, ha escrito Juan Lobato para exigir que todos los políticos traten con “respeto y educación” a todo el mundo.
Las palabras y los gestos contra las decisiones políticas de Pedro Sánchez han alcanzado un nivel que en algunos momentos sobrepasan la legítima crítica política con el uso de descalificaciones que aportan poco al debate político y solo sirven para calentar el ambiente, con la esperanza de que a nadie se le acabe yendo la protesta de las manos o las manos mismas, y se produzca un incidente que haya que lamentar. Los insultos hacia Sánchez, de los políticos a los personales, están en la mente de todos y quién los ha proferido también.
Cuando un concejal agrede a otro y no se condena la acción de forma inmediata por la serie de servidumbres a las que obliga el mantenimiento de los gobiernos de coalición, queda de manifiesto que los intereses políticos priman sobre otras consideraciones éticas. Si el alcalde de Madrid condenó de forma instantánea la agresión del concejal de Vox Javier Ortega Smith al edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, es porque su gobierno municipal no depende de la ultraderecha, mientras que el líder del PP tardó casi una semana en decir que él pediría su renuncia al acta si fuera miembro de su partido, porque Feijóo intenta hacer creer que el poder territorial y municipal que acumula no depende del apoyo de Vox.
Estas palabras y hechos calan en una parte de la ciudadanía que replican las actitudes de sus representantes, mientras los afectados tratan de defenderse con acciones judiciales en las que tipifican esos hechos como delitos de odio. Pero ya hay suficiente jurisprudencia para saber que están amparados en el ejercicio de la libertad de expresión y que no tendrán sanción penal, por lo que cobra más importancia la condena ética. Ni la quema de las fotografías del rey Felipe VI, ni los abucheos que recibe en los estadios de fútbol, ni el apaleamiento de muñecos de representantes políticos, de Puigdemont a cualquier otro, son delito y la reforma del Código Penal que está en marcha en ese sentido debe ayudar a clarificar estos hechos dado que es un desiderátum esperar que en el debate político se imponga el “respeto y educación”, y mucho más difícil que esas actitudes se trasladen a la calle cuando la gente no las observa en quienes tendían que predicar con el ejemplo.
Todos los partidos tienen sus crispadores y alborotadores profesionales y todos ellos se victimizan cuando son los afectados. Pero ninguno firmaría un manifiesto ético que desterrara esas prácticas, porque en muchas ocasiones les reportan réditos electorales.
