Las reuniones discretas sin comparecencias posteriores de sus protagonistas o de sus portavoces motivan que cada uno cuente la fiesta según le ha ido en ella, y se dedique a destacar los aspectos que son más perjudiciales para el otro interlocutor, lo que a su vez provoca reacciones defensivas, a medida que se vulnera la reserva y se van conociendo aspectos de como transcurrió el encuentro. Una semana después de que el presidente del Gobierno invitara a comer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que a ambos se les cortara la digestión por todo lo que ocurrió antes –rueda de prensa de Sánchez pidiendo a Rajoy un cambio de políticas- , durante –ningún acuerdo- y después –cena de los líderes socialistas y de Podemos y críticas sin piedad -, hasta el punto de que el neoportavoz del Ejecutivo, José Luis Ayllón, calificó la actitud de Pedro Sánchez como una ‘sinvergonzonería política’, se conoce que la petición de que el Gobierno renunciara a tramitar más leyes en las Cortes estuvo motivada por las dudas que expresó el propio jefe del Ejecutivo sobre la posibilidad de adelantar las elecciones.
En este contexto, según portavoces socialistas –que también lo dicen a favor de parte- Sánchez no habría pedido la congelación de toda la actividad parlamentaria, con más de cuarenta normas pendientes de aprobación en unos meses de verano que van a ser hábiles, sino de cuatro normas sobre Baleares, ferrocarriles, administraciones públicas y sobre todo la modificación de la ley del aborto. Esta explicación cambia la percepción de una parte del encuentro entre ambos que concluyó sin ningún acercamiento en cuanto a los pactos que está dispuesto a firmar el PSOE con quien le garantice desplazar al PP de los centros de poder territorial y que le han valido las andanadas de todos sus dirigentes sobre los riesgos que va a correr por su pérdida de la centralidad.
Una radicalidad que el PP pretende hacer más visible con sus últimos ofrecimientos a la desesperada de abstenciones, que pueden llegar a facilitar un mayor número de gobiernos regionales y alcaldías para el PSOE, a cambio de cerrar el paso a las formaciones apoyadas por Podemos, en un cambio de cromos a varias bandas en los que también entra en juego el argumento de la lista más votada que permitiría a los populares mantener algunos Ayuntamientos importantes, sin que los socialistas atiendan a estas peticiones porque prefieren lo que denominan ‘pactos de progreso’.
Pero mientras se piensa los cambios que introducirá en el Gobierno y en el Partido Popular -el miércoles en Bruselas ofreció una explicación sobre el ‘doble gorro’ que supone la compatibilización de ambos cargos-, Rajoy ha desechado poner fin a la legislatura de forma anticipada y alargarla lo más posible para tener el debate sobre los Presupuestos bien avanzado y tratar de aprovechar al máximo los buenos datos que se prevén en crecimiento y empleo, a los que sigue fiando sus mayores posibilidades para la reelección, aunque corre el riesgo de que la ciudadanía siga sin reconocer estos méritos y no consiga frenar la sangría de votos que le ha hecho perder todas las mayorías absolutas de que disponía. Los nuevos portavoces populares pueden encontrar un filón para desgastar a sus oponentes si los pactos son un fiasco, pero corren el riesgo de que los nuevos gobernantes no fallen y se ganen mayor aprecio.
