El conflicto laboral de los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat, como cualquier drama, tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace que todavía está por llegar. El planteamiento es la privatización por parte de AENA de un servicio del que se hace cargo una empresa de servicios que trata de maximizar su contrata por el procedimiento habitual de personal escaso y sueldos bajos, que le ha permitido obtener jugosos rendimientos económicos. La privatización se llevó a cabo por AENA, también privatizada en parte pese a ser sumamente rentable, como arrojan sus resultados económicos.
En el trámite de resolver el nudo del conflicto entran en juego numerosos factores, desde la impopularidad y el perjuicio a los ciudadanos que supone tomar como rehenes a quienes necesitan utilizar un servicio público; la actitud de las Administraciones concernidas en la solución del problema laboral, que solo cuando se ha llegado a una situación límite comienzan a coordinarse; la fuerza negociadora de los trabajadores, por el lugar en el que realizan su labor; los perjuicios para el turismo, la principal industria nacional, y la mala imagen que se proyecta hacia el exterior; y por último, la decisión del Ejecutivo de enviar a la Guardia Civil a reforzar los controles de seguridad y la imposición de unos servicios mínimos del 90%, dos medidas que suponen la práctica anulación del derecho de huelga.
Las consecuencias de las últimas medidas son que las colas de pasajeros ante los arcos de seguridad previos al embarque han desaparecido a lo largo del día, que ha disminuido la visibilización del problema a la espera de los siguientes pasos del Ejecutivo, después de que los trabajadores rechazaran el preacuerdo alcanzado por el comité de empresa con la mediación de la Generalitat y que fue rechazado en dos votaciones. Cierto que conseguir lo que han logrado los trabajadores de seguridad del aeropuerto barcelonés, un 18% de incremento salarial, es impensable en otros sectores, e incluso por otros trabajadores de la misma empresa que se dedican a otras actividades con menor repercusión pública.
Pero ante un conflicto puramente laboral lo que el Gobierno no puede hacer es mezclar asuntos tan importantes como la seguridad o el orden público. Para mantener el segundo ante brotes de protesta de los pasajeros o para ordenar el tránsito por las salas del aeropuerto ya están los mossos d’esquadra. Relacionar la incomodidad que puedan sufrir los viajeros con la declaración de alerta cuatro antiterrorista, como si los vigilantes de seguridad encargados de los controles hubieran hecho dejación de sus funciones, o como si se hubiera producido algún incidente que hubiera podido poner en riesgo la vida de quienes viajan en avión o se encuentran en el aeropuerto, es un despropósito. También lo es hacer recaer sobre las espaldas de la Generalitat el fracaso de la mediación, cuando es un buen punto de partida para los trabajadores, lo mismo que la utilización por el Govern de esta huelga para arrimar el ascua a las reivindicaciones del procés.
El desenlace está todavía por escribirse pero las pautas diseñadas apuntan a la designación de un mediador que redacte un laudo de obligado cumplimiento, que será autorizado por consejo de ministros, y que limita la autonomía de la partes en la negociación.
