Nadie puede dudar, dadas las recientes manifestaciones de diversos miembros del Gobierno, y el compromiso de Pedro Sánchez con los independentistas, como fórmula de respaldo a lo que se acuerde “entre iguales” Gobierno-Generalitat, de que habrá referéndum en Cataluña. ¿Pero cómo lo van a disfrazar, y con qué efecto? Porque un referendo, aunque se llama consultivo se hace para algo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en unas declaraciones a El Pais falta a la verdad afirmando literalmente que el Estatut de 2006 “tuvo un respaldo de más del 70% de la población”. Bolaños tergiversa de modo consciente los datos. Cuando, en 2006 se celebró en Cataluña el referéndum sobre el Estatuto la abstención fue del 50,59 por ciento; o sea, que no lo respaldó como dice Bolaños el 70 por ciento de la población de Cataluña, sino el 73 por ciento de los que votaron. La confirmación se inició con las declaraciones de la ministra de Política Territorial y nueva portavoz, Isabel Rodríguez, además de la repetición de que la Constitución será un límite que no se va a traspasar, como si cupiera otra cosa, vino decirnos que por lo visto “en el marco de la Constitución y la ley cabe todo”, lo cual no deja de ser una afirmación aventurada. ¿Todo? O sea, que la cosa es cómo encajarlo.
Aparte de la cantinela repetida de amnistía e referéndum de los independistas, está por saber que pone sobre la mesa Sánchez, que podría resumirse en la fórmula de reducir la presencia del Estado en Cataluña, más competencias cedidas, más dinero y otra serie de cesiones fundamentales, que en su día fueron desmontadas del Estatut de 2006 por el Tribunal Constitucional como se recordará Sánchez ofreció al juez Vidal, redactor del proyecto de la Constitución catalana, reponer mediante leyes orgánicas, es decir, fundamentales. Y no olvidemos que en la transacción de enero de 2020 entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se destacó que, en la futura mesa de negociación, se buscarían “acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana y que los acuerdos serían sometidos a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña mediante los mecanismos previstos en la ley como a través de nuevas vías que puedan preverse en la ley”. Es notorio que de modo claramente explícito evitó citar la Constitución.
¿Cómo va a hacer Sánchez para devolver a Cataluña, según sus propias ofertas, los contenidos contrarios a la Constitución (entre otros Poder judicial propio, usurpación de competencias del Estado no cedidas y otras no menos graves) sin que se vuelva a transgredir la Constitución? De momento, en la preparación del terreno, ya vemos que se trata de ir desprestigiando a los órganos constitucionales que en casos como el “procès” han tenido y tienen a su cargo defender la Constitución y el Estado de Derecho, de modo ordinario, como son el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, ir desarmando al Estado para que en los acuerdos de Sánchez con quienes le son indispensables para seguir como comodidad en la Moncloa pueda cumplir sus compromisos o, dicho de otro modo: destruir el Estado para conservar el poder.
