Envalentonado ante las cesiones consumadas y previstas del Gobierno de Pedro Sánchez a las exigencias del independentismo catalán, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamado a España que pida perdón al pueblo de Cataluña por el “asesinato a manos de fascistas” del expresidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, ya que considera que fue una víctima formal del Estado español, por lo visto de antes y ahora, lo que le transmite la posibilidad de que él mismo es su nueva víctima. Lo ha dejado dicho aprovechando el 83 aniversario del fusilamiento de Companys, en 1940, tras ser devuelto a España por tras su huida a Francia, y condenado a muerte por un consejo de guerra. Por cierto, que la misma suerte corrió el socialista Julián Zuzagoitia, del que nadie, empezando por el PSOE, ha vuelto a acordarse. El recuerdo de Companys vuelve a activar la polémica sobre las muertes de más de 8.000 personas, la mayoría de ellas catalanes, durante su presidencia de la Generalitat, que otros elevan a más del doble, en tanto sus partidarios trasladan esa responsabilidad a los anarquistas que dominaban principalmente Barcelona. Y al mismo tiempo vuelve a exhumar la propia opinión de Azaña sobre Companys, a quien acusó de traicionar a la República y hacer la guerra por separado, e incluso pretender su arreglo personal con Franco, como han señalado diversos historiadores.
Hay una prueba irrefutable: el 9 de febrero de 1937 , el redactor jefe del Daily Telegraph de Londres envió un telegrama a Lluis Companys en los siguientes términos: “Según periódico tarde inglés: Sección del Gobierno catalán, ha establecido contacto con Franco objeto evitar conflicto directo con los rebeldes, en caso de vencer Gobierno de Valencia Agradeceríamos muchísimo información autorizada de Su Excelencia a este sujeto. Gracias anticipadas” (sic). La respuesta fue una negativa. Pero los indicios apuntaban bien: Manuel Carrasco i Formiguera (de Unió Democrática de Catalunya) se reunió con el embajador británico para que empezara a mediar con los franquistas y que Euskadi y Cataluña rompieran con la República.
Con respecto a Companys, Puigdemont insiste en exigir una petición de perdón por el Estado español que fue el responsable de su muerte. Curiosamente, el mismo argumento se extiende a la justificación de la amnistía, por cuanto se entiende que fueron y son injustos lo procesos judiciales derivados del “procès” y que todos los hechos derivados del mismo fueron legítimos y correspondieron al derecho democrático de quienes los protagonizaron. Y, además, como Puigemont no se fía de que Sánchez cumpla sus compromisos, se añade que las negociaciones de Cataluña con el Estado deben ser tuteladas por un mediador internacional, como en otros procesos de paz internacionales. Decía Azaña que, aprovechando el levantamiento contra la República, Companys “pretendió pescar en río revuelto” (como hace ahora Puigdemont y ERC, dada la coyuntura histórica que les es favorable). Azaña se lamentaba de que, aprovechando el 18 de julio, Companys volviera a la carga con un plan más rupturista que el de octubre de 1934: “Ustedes desde la Generalidad no han proclamado una revolución nacionalista o separatista. Querían hacerla pasar a favor del río revuelto. Un programa del 6 de octubre, ampliado”. Azaña detalla las traiciones a la República de Companys: “Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna transgresión, de ninguna invasión de funciones. El otro asunto polémico se refiere a la propia responsabilidad de Companys en las ejecuciones llevadas a cabo en Cataluña contra personas no nacionalistas o de derechas. Recientemente se han publicado documentos reveladores que llevan su firma y otras evidencias que no admiten dudas.
