El acuerdo Junts-PSOE se ha cerrado y se lanzan cohetes y anuncia que “el conflicto en Catalunya pasará a ser ‘el problema catalán”, uno más de los que hay en España. Cuesta creer que el PSOE haya cedido hasta extremos insólitos. La lectura de los cuatro folios del acuerdo es un acta de rendición del Estado, ya que se acuerda “negociar” el “reconocimiento nacional de Cataluña”. Y habrá referéndum de independencia, conforme el artículo 92 de la Constitución. Habrá mesa de negociación con un “mecanismo” de mediación internacional en la que Junts propondrá y referéndum de independencia y el PSOE el máximo desarrollo del Estatut. Los independentistas se comprometen a cambio a votar la investidura de Sánchez y dar estabilidad a la legislatura española durante los 4 años que dure, si el Gobierno cumple. El acuerdo parte de los antecedentes y llega a los acuerdos finales, aparte de la amnistía, cuyo alcance determinará una comisión de investigación del Congreso sobre los casos de posible “lawfare,” o sea, la extensión de la amnistía en todos los sentidos. Francamente, increíble.
Cabría preguntar a los que han venido apoyando la extensión de la amnistía -es decir, la impunidad, que es más apropiado- a los implicados directamente en los delitos del “procès” y sus hijuelas, si están seguros, como dicen, de que será un factor de reconciliación, un elemento de concordia que alejará los efectos del pasado y establecerá un nuevo marco de relaciones de la comunidad catalana con el resto de España, lejos de las tensiones vividas, que nunca se repetirán ni obligarán a que, en defensa de la Constitución, haya de aplicarse el Código Penal, cosa que, por lo que ahora se dice, estuvo mal hecho. Demos paso, pues, a la política, y dejemos que los jueces persigan a los delincuentes de verdad y no a los que sólo trataban, como viene a decir la exposición de motivos de la amnistía, de ejercer sus derechos políticos más elementales, que les eran impedidos por la ley ordinaria. Plaza, pues, a la concordia y al alivio penal sin más, con generosidad. Aunque cuesta aceptar que es precio de un trato para que Puigdemont y ERC permita que Sánchez, el que iba a traer ante la Justicia al primero, sea presidente.
Ante el insólito espectáculo que nos propinan cabe preguntarse si, en la historia de las naciones se ha vivido algo parecido a que el futuro de un Gobierno se negocie a distancia, en el lugar donde se ha refugiado un fugado de la Justicia, y primer beneficiario de la amnistía que es el precio que él y lo suyos imponen para que pueda formarse el Gobierno del Estado del que quiere salirse. Todo este lance recuerda aquello que dijera Churchill del Pacto de Múnich, “porque incurrieron en el deshonor para evitar la guerra y tuvieron la guerra y el deshonor”, aquí evidente para muchos españoles, y no sólo los que se manifiestan en las calles. Además, la seguridad de que el conflicto va a seguir, y que no parece que Sánchez vaya a triunfar donde, con gran amargura, fracasó Azaña, pese a la perspicacia de que ese conflicto no va a terminarse y que Cataluña y el resto de España tendrán que conllevarlo, como predijera Ortega. Claro que hay voces sensatas, en este caso, como la de Felipe González, que pidieron a Sánchez que cortase con Puigdemont y que se resigne a devolver la voz al conjunto de los españoles e intente ganar las elecciones. Por cierto, que dentro del PSOE lanzan duras críticas contra el mismo que en Suresnes reconstruyó el partido y lo trajo al primer plano de la realidad, rescatándolo de aquel limbo donde moraba, y al que ahora llaman de todo, hasta traidor.
Los de ERC se han quedado cortos en sus reivindicaciones y se han superado por la audacia de Puigdemon y la debilidad de Sánchez, éste ha demostrado hasta dónde es capaz de llegar para quedarse en la Moncloa, pero ha ido más lejos de lo que uno podía imaginarse. Conviene recordar que el juez Varela, redactor de aquella constitución catalana, ya reveló que antes de ser presidente y cuando pretendía serlo y buscaba socios, Sánchez les ofreció reponer mediante leyes orgánicas los aspectos anulados de aquel Estatut 2006 (asimétrico, por cierto), que Zapatero aceptara antes de conocerlo y que convertía a Cataluña a un Estado con poder judicial propio, retiraba que el Defensor del Pueblo pudiera actuar en aquella comunidad o, mediante tretas, evitaba que el mismo Estado pudiera legislar para Cataluña, como parte del Estado sobre competencias no cedidas. Pedro Sánchez cumple con sus principios. Sin duda, esos de quita y pon, según el caso.
