Estos días, aparte de declaraciones tan sorprendentes como que la amnistía será un beneficio general para España o que un mediador internacional, desde el extranjero, tutele los acuerdos que el PSOE debe firmar con los independentistas y su Gobierno aplicar es positivo, Sánchez ha vuelto a reiterar que uno de sus propósitos durante la actual legislatura es democratizar, depurar e instalar la honestidad en la política española. Y lo dice en el mismo tono y énfasis de cuando decía que por sus principios nunca llegaría a la Moncloa de la mano del independentismo y la conocida retahíla de compañías que le quitaban el sueño, líneas rojas infranqueables y “noes” diversos como base moral de su conducta. ¿Y si eso era así, por qué en marzo de este año se sacó de la manga un nuevo Código Ético para su partido, cuando estaba vigente el más completo y preciso que aprobaran en 2014?
Muy sencillo, porque de seguir vigente aquel código malamente se habrían justificado los indultos, la reforma del Código Penal, la rebaja de las responsabilidades del delito de malversación, aunque fuera a posteriori, y sobre todo la amnistía a los implicados en los diversos delitos comunes graves cometidos durante las diversas fases del “procès”. Ni tampoco a José Antonio Griñán, condenado a una pena de seis años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de los ERE. El artículo 8.1 del Código Ético del PSOE, de 10 de octubre del 2014, decía literalmente: “Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”. 8.2: “Además, los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos”.
Este artículo ha desaparecido de la nueva versión, llamada Código Ético y de Conducta del PSOE, de 18 de marzo de 2023. Es evidente que la simple aplicación del punto borrado no iba a permitir ni indultos a cargos socialistas implicados en los ERE, ni a los condenados por sedición en el “procès”, ni obviamente a los futuros beneficiarios de la amnistía. Alguno de los más notables turiferarios de Sánchez lo ha definido mejor que nadie, señalando que “no se considera concernido por sus palabras, sino por sus objetivos”. Ni Maquiavelo lo diría mejor. Más ya que los actos a los que nos tiene acostumbrados asombra su cinismo y su amoralidad.
Y en ese camino, ya nada extraña. Y sin el menor decoro, porque son necesarios los actos de masa, muy teatralizado, ante unos cuantos centenares de leales, se atrever a decir lo contrario de lo que afirmaba hace unas semanas y que con la impunidad de los actos cometidos durante el “procès” va a salir una España más cohesionada y pacífica. Parece que los beneficiarios de las cesiones de Sánchez y sus parientes no se han enterado de la felicidad que nos espera. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, al tiempo que Sánchez era aclamado por sus seguidores, llamaba a la sociedad civil a “preparar el terreno para hacer posible la autodeterminación”, que sigue siendo el objetivo, y ha subrayado que “la amnistía es una conquista arrancada al Estado que legitima” al independentismo para “volver a hacerlo”. En una conversación privada, en Bruselas, con el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, Puigdemont ha dicho que si “no hay avances suficientes” en sus acuerdos con el PSOE sus diputados podrían hasta votar en contra de los presupuestos del Estado. Es un aviso a navegantes para que los del PSOE sepan que les han marcado el camino. Porque, aunque sea una especie de conferencia de paz, en el extranjero, se trata de establecer la serie de acciones subsiguientes que el partido del Gobierno, cuya estabilidad depende de lo que el fugado en Bruselas decida y otros con los mismos intereses por donde tiene que arar. O sea, Sánchez cumplir.
