Cuando la Constitución de 14 de abril de 1931 consagró a la provincia como pieza esencial de la organización territorial de la II República, el profesor Pérez Serrano acuñó la expresión la venganza de la provincia, aludiendo a una suerte de ley histórica en cuya virtud esta institución siempre se las apañaría, no ya para sobrevivir a las tentativas de su abolición, sino incluso para salir reforzada del envite. No era para menos: el proyecto inicial de constitución republicana preveía su supresión. Pero el texto finalmente aprobado con el apoyo de Izquierda Republicana y el PSOE no sólo las mantuvo: a mayores, les otorgó carta de naturaleza como entidades locales, abandonando su original concepción decimonónica como mera división administrativa del Estado. No era la primera vez que se intentaba suprimir la provincia (ya la Revolución de 1868 se había propuesto tal objetivo, con el idéntico resultado de su fortalecimiento en la Constitución de 1869) ni sería la última: la idea planeó en el debate de la Constitución de 1978, y no ha dejado de manifestarse desde entonces, a través de un monótono discurso antiprovincial, más asentado en el prejuicio ideológico que en el conocimiento de la realidad, pero eficazmente apoyado en la leyenda negra tejida en torno a estas instituciones, tan injusta como ampliamente divulgada.
Con el paso de los años, el sistemático ninguneo legislativo, la constante presión contra la institución desde múltiples frentes y, por supuesto, el desacierto de muchos gobiernos provinciales (encastillados en sí mismos, reacios a cualquier innovación e incapaces de encontrar por sí solos su sitio en el escenario territorial) hacían temer la pronta caducidad de esa constante histórica. El discurso antiprovincial parecía haberse impuesto, y, en un contexto de profunda crisis, en el marco de una inevitable política de adelgazamiento de un Estado paquidérmico e insostenible, todo hacía presagiar que la provincia sería una de las primeras instituciones en sucumbir.
Inesperadamente, el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha apuntado en la dirección contraria. La ideafuerza del Anteproyecto es transferir a las diputaciones las competencias que los pequeños ayuntamientos no sean capaces de prestar con la eficiencia deseable, dadas sus naturales limitaciones demográficas y presupuestarias. Se abandona así la idea de la supresión de municipios, que nunca pasó de un teórico enunciado general y nunca fue una solución (pues, al margen de su enorme dificultad política, de la fusión de pequeños ayuntamientos no cabría esperar sino una reproducción a menor escala de la actual problemática). Al abrir la puerta a una utilización eficiente de unas administraciones hasta ahora desaprovechadas, manteniendo los servicios municipales en la órbita local y evitando la creación de nuevas organizaciones, se opta por una combinación de realismo político y racionalidad administrativa que, cuando menos, resulta acreedora de un apoyo crítico.
Son muchas las incógnitas que abre la reforma apenas sí incoada- y múltiples las deficiencias que cabe advertir en los distintos borradores del Anteproyecto. Lo esencial, sin embargo, es esa idea central que propone por fin un encaje coherente de la provincia en el Estado autonómico. De llevarse a cabo, la reforma introduciría una nueva dinámica en la evolución de las diputaciones: de ser un organismo al que la ley ha alejado de los electores, dedicado mayormente a dar y recibir subvenciones, flotando en un limbo de competencias borrosas, pasará a ser protagonista del núcleo duro de la política local, en estrecho contacto con la ciudadanía, gestionando servicios esenciales como el abastecimiento de agua o la recogida de basuras. A la larga, una reforma en esa línea podría vincular profundamente a estas instituciones con la comunidad a la que representan, volviéndolas poco menos que insustituibles. Las diputaciones tienen ante sí una oportunidad histórica: si demuestran estar a la altura, si revelan su enorme potencial y su óptima dimensión para la gestión de servicios locales (hasta la fecha, incomprensiblemente desdeñados por la mentalidad jacobina de unos y otros) la venganza de la provincia podría volver a repetirse.
